CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  En su primera sesión formal del actual periodo ordinario de sesiones y un enconado debate, la madrugada de este jueves la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

La primera aduana legislativa pasó con 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones, mientras que la segunda con 266 a favor, 205 en contra y cero abstenciones.

Cumplido el trámite, la ley fue turnada al Senado.

La legislación reglamenta los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución para determinar la responsabilidad penal del presidente de la República y ajustar las disposiciones en torno al juicio político y a la declaración de procedencia de la Cámara baja. Entre los cambios destaca el número de integrantes de la Sección Instructora, que pasó de cuatro a cinco elementos, para evitar empates.

Además, establece que el presidente podrá ser imputado y juzgado durante su encargo por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

El nuevo ordenamiento abroga también la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y define los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, así como las causales y sanciones en el caso de juicio político.

En torno al desafuero, solo procederá previa solicitud del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de los servidores públicos señalados.

En la sesión, fueron aprobadas las reservas del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) para que en los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia las sesiones sean “siempre de carácter presencial, estando obligados las y los diputados a estar presentes en ellas”.

También para incluir el respeto al principio de presunción de inocencia en los delitos sobre los que el presidente podrá ser imputado y para estipular que para aprobar o no la resolución sobre la probable responsabilidad del mandatario en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, se requiera la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y senadores presentes.

La diputada de Morena, Lidia García Anaya, señaló que la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho mexicano, por lo que con esta ley ya no habrá excusas, pues dotará de mayor certeza, claridad y congruencia a los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y comprueben actos ilícitos desde el servicio público.

En contraposición, la diputada del PAN, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, sostuvo que el dictamen no está cerca de solucionar la corrupción, sino que es un instrumento de poder y venganza. “No podemos permitir que el acuerdo entre algunas cúpulas de poder se anteponga a la voluntad popular de millones de ciudadanos que tienen el derecho de elegir a sus representantes”.

Por su parte, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, mencionó que la iniciativa presenta deficiencias que vulneran los principios básicos de los derechos humanos, el debido proceso y atenta contra la separación de poderes. Además, carece de una adecuada discusión y le faltan instrumentos técnicos.

La aprobación no gustó a los diputados de oposición, pues consideraron que fue un albazo de Morena y sus aliados.

Una de las más ofuscadas fue Margarita Zavala. A través de su cuenta de Twitter, la ahora diputada federal del PAN consideró que dicha legislación tiene un trasfondo, la aglutinación del poder”.

“Qué pena, qué obsesión. El partido-gobierno aprueba sin reflexión alguna una ley que no conocen; terminará en una ley mediocre que favorece la discrecionalidad absoluta, la aglutinación del poder, confunde responsabilidad civil con la penal y se coloca fuera del debido proceso”, posteó.

En consonancia con dicha postura la priista Paloma Sánchez manifestó que dicho mandato atenta contra los derechos humanos, sin mencionar que violenta la Constitución Política.

“Voté en contra de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia porque atenta contra los derechos humanos, es anticonstitucional y una simulación. Estamos aquí para crear leyes que sirvan a la gente, jamás nos prestaremos a legislar con el sello de la sumisión”, escribió en sus redes sociales. (Con información de Aristegui Noticias)