TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos condenaron hoy el crimen del activista indígena tzotzil Simón Pedro Pérez López, quien nueve días antes de su asesinato denunció la existencia de grupos civiles armados en los Altos de Chiapas.

Pérez López había apoyado a sus hermanos indígenas de Pantelhó para denunciar a grupos criminales ligados al narcotráfico y otros ilícitos, que en años recientes han tomado el control de regiones indígenas tzotziles en la entidad.

Era activista y defensor de derechos humanos, integrante de la organización civil Las Abejas de Acteal --donde ocupó la presidencia en 2020-- y del Congreso Nacional Indígena (CNI), además de catequista de la parroquia de Santa Catarina del municipio de Pantelhó y líder moral de la región, explicó en entrevista el sacerdote Marcelo Pérez Pérez.

Durante el funeral el cura recordó que, dado el liderazgo de Simón Pedro, a mediados de junio pobladores de Pantelhó le pidieron ayuda para hacer un llamado de auxilio a las autoridades estatales, a fin de que intervinieran para detener el acoso que viven por parte de grupos criminales que han obligado al desplazamiento forzado de habitantes en una docena de comunidades.

En un escrito elaborado el pasado 26 de junio y enviado a la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, los pobladores, autoridades comunales y agentes rurales de Pantelhó explicaron con detalle los vínculos que autoridades municipales de ese municipio --actuales y electas-- tienen con grupos armados que distribuyen droga y venden armas en la región, entre otras actividades.

Por ejemplo, denunciaron, en el proceso electoral del pasado 6 de junio se obligó a poblados enteros --por la vía de las amenazas de muerte y despojo de sus bienes-- a votar de acuerdo con los intereses de los grupos criminales.

“Tenemos conocimiento que vienen pistoleros de otros estados de la República mexicana como Campeche y Sinaloa. Ante el temor de sus amenazas, ya que lo han cumplido en ocasiones pasadas, existen muchas familias desplazadas de las comunidades San Francisco de Asís, Roblar, Dolores Petaquil, Guadalupe Victoria, Santiago los Sabinos, Porvenir, San Clemente, San José Tercero, San Luis, Barrio San Ramón, Barrio Guadalupe, todos del municipio de Pantelhó, Chiapas”, explicaron en la carta que hicieron llegar a la funcionaria estatal.

Asimismo, denunciaron el asesinato reciente de 11 personas, pidieron la intervención de las autoridades estatales y mencionaron que hacen responsables de cualquier acto de represión en su contra --derivado de la denuncia-- a las personas señaladas en la carta.

“El pueblo de Pantelhó queremos paz y tranquilidad”, recalcaron en su llamado de auxilio.

Y aunque la carta no la firmó Simón Pedro, sí fue público que el activista defensor de derechos humanos de Las Abejas de Acteal asesoró y acompañó al grupo para entregar el documento a las autoridades estatales.

Para condenar el crimen sumaron sus voces: Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos indígenas “Indigenous Peoples Rights International”, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Colectivo Emancipaciones, Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij (Mujeres que se apoyan), CONAMI, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), Consultoría Técnica Comunitaria, colectivo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

Históricamente, señalaron, los pueblos indígenas se han mantenido firmes en la defensa de sus territorios; sin embargo, en los últimos años se ha presenciado episodios de violencia que han cobrado varias vidas, dejando a los responsables en la impunidad. En el último año, detallaron, hemos documentado 14 víctimas mortales como represalia a las luchas por la defensa de sus derechos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

Las organizaciones civiles manifestaron su preocupación sobre los actos que vulneran los derechos fundamentales de los pueblos y líderes indígenas, y destacaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo para las familias de las personas que han sido asesinadas, también para las comunidades en su conjunto.

En tal sentido, exhortaron a la sociedad civil a que se sensibilice sobre la necesidad de demandar y visibilizar la terrible situación que se presenta en las comunidades, y sumar esfuerzos, desde sus formas y medios propios, para que se escuchen las dignas voces de los pueblos indígenas por justicia y el respeto a sus derechos colectivos sin impunidad.

De igual manera, denunciaron la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de gobierno, y le recordaron la obligación de investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad.

También exigieron al gobierno federal la homologación de los más altos estándares internacionales con la legislación nacional para el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación de los pueblos y se establezca una nueva relación de respeto a las definiciones jurídicas de las comunidades emanadas de sus propios sistemas normativos.

La organización civil Las Abejas de Acteal, grupo al que pertenecía Simón Pedro, señalaron que el crimen “es un hecho vergonzoso cometido en un país gobernado dizque por la cuarta transformación”.

“El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento de la violencia generalizada en los Altos de Chiapas; el Estado mexicano tiene deuda pendiente con la justicia por la masacre de Acteal y hasta la fecha, como los anteriores gobernantes, se mantiene en una total omisión para reconocer su responsabilidad, mientras grupos actúan con total impunidad”, destacó Las Abejas.

Simón Pedro, subrayó, siempre luchó por los derechos humanos, por la paz y por la vida; también era integrante del Congreso Nacional Indígena. Además, el año pasado fue integrante de la Mesa Directiva de esa organización, y hasta que le quitaron la vida siempre estuvo activo.

“Una vez más le recordamos al mal gobierno de la cuarta transformación que lo que está pasando aquí en los Altos de Chiapas, lo sabe perfectamente a través de los boletines del Frayba, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de nuestros respectivos comunicados de cada 22 del mes, en memoria de la Masacre de Acteal.

“Ante este hecho infame contra nuestro compañero y hermano Simón Pedro, alzamos nuestra voz para que este crimen no quede en la impunidad. Por lo tanto, exigimos a los tres niveles de gobierno que investiguen a los responsables, pongan un alto al fuego y se haga justicia verdadera y no simulada, porque las comunidades y el pueblo en general tienen derecho a vivir en paz, y exigimos al mal gobierno su respeto”, destacó en un comunicado.

Por su parte, el organismo Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), fundado por el obispo Samuel Ruiz García, también condenó el asesinato del defensor Simón Pedro e hizo un llamado a las autoridades a investigar los hechos y a adoptar medidas que garanticen un ambiente propicio para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, expresó su solidaridad con los familiares y con la comunidad de Las Abejas de Acteal, y recordó que la protección y prevención de agresiones “contra quienes defienden nuestros derechos son esenciales para que estos actos no prevalezcan en la impunidad”.