CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de una semana después que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara fríamente su “reemplazo” por el entonces subsecretario Roberto Salcedo Aquino, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros firmó su último acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como secretaria de la Función Pública.

Dicho acuerdo, publicado hoy en el DOF pero con fecha de ayer, establece un mayor control de la SFP sobre “las acciones del gobierno federal en materia de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos”, pues erige la dependencia como “institución garante de la probidad en la Cuarta Transformación”.

Si bien López Obrador anunció el pasado lunes 21 la sustitución de Sandoval por Salcedo, la SFP se encuentra en fase de transición, por lo que la primera sigue siendo, técnicamente, titular de la dependencia, indicó su vocero a Proceso.

Con el acuerdo, firmado por Sandoval, entra en vigor la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024, las dependencias deberán nombrar un enlace institucional –que rendirá informes a la SFP en materia de transparencia-- y un “administrador de datos abiertos”, y deberán tener actualizadas las secciones de “transparencia” en sus sitios de Internet.

Uno de los propósitos de la política consiste en “transitar” de las solicitudes de información realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) –que el gobierno federal suele ignorar, generando impugnaciones ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI)-- hacia una transparencia “proactiva” de las dependencias, que deberán dar a conocer más datos abiertos.

Esta política parece responder a la intención del presidente López Obrador de desaparecer el INAI, al que tacha de aparato burocrático costoso e inútil, para que la SFP absorba sus funciones; sin embargo, los lineamientos dados a conocer hoy se limitan a refrendar las obligaciones de transparencia de las dependencias federales.

De hecho, muchos de los datos que la SFP plantea abrir al público deberían de figurar en la PNT, que opera y administra el INAI, aunque a menudo las instituciones incumplen con sus obligaciones.