CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y de otros poderosos personajes del PRI, envió 45.9 millones de dólares a la controvertida Banca Privada d’Andorra (BPA) a través de una red de 14 sociedades de papel utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en ese paraíso bancario, según reveló hoy el diario El País.

De acuerdo con el rotativo, las operaciones de lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” --las casas de cambios Tiber, ByB y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont--, que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad de papel; dos de éstas recibieron, además, contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

De hecho, el gobierno de Peña Nieto desplegó recursos financieros, humanos y materiales para que la justicia de Andorra abandonara los cargos contra Collado, amigo cercano a Peña Nieto y sobre quien existe la sospecha de que haya sido testaferro de sus poderosos clientes, entre los cuales figuran el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano, Raúl, así como Carlos Romero Deschamps o Mario Villanueva.

En un nuevo reportaje sobre la relación entre México y BPA –ya reveló los casos del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, Sylvana Beltrones, Elba Esther Gordillo o el exsenador Heriberto Manuel Galindo Quiñones--, El País mencionó el nombre de las empresas de papel identificadas por la justicia andorrana para lavar el dinero de Collado, en un expediente que según el periódico tiene ya más de 17 mil 500 documentos.

Se trata de Madvysion, S.A. de C.V. (que transfirió al abogado 10.7 millones), Riu Construcciones, S.A. de C.V. (7.1 millones), Servicios Especializados Icall, S.A. de C.V. (5.7 millones) y Textiline Collection, S.A. de C.V. (5.4 millones), Varys Comercial S.A. de C.V. (3.6 millones), Grupo Liztik, S.A. de C.V. (3.5 millones), Distribuciones JDB, S.A. de C.V. (2.2 millones de dólares), Grupo Macrobay, S.A. de C.V. (2.2 millones), Tessa Textiles S.A. de C.V. (2.5 millones), Enterprise Gamki, S.A. de C.V. (707 mil 594 euros), Diseños Textiles Dug S.A. de C.V. (690 mil 622 euros), Amber Global S.A. de C.V. (632 mil 395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S.A. de C.V. (505 mil 447 euros) y Gallaxy Real Estate S.A. de C.V. (444 mil 774 euros).

La justicia de Andorra estima que, desde que le congeló sus cuentas en 2015, Collado ha sido incapaz de demostrar el origen legal de los recursos que escondió en BPA, principalmente de los cerca de 90 millones de dólares ingresados al principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias, y ello, a pesar de que el abogado afirmó en varias ocasiones que este dinero fue producto de su “exitosa” carrera empresarial.

En febrero de 2021, Proceso publicó una investigación sobre BPA en México, y su vínculo particular con uno de sus primeros clientes, la empresa ByB Casa de Cambio, una de las empresas mencionada en el reportaje y que fue utilizada en los primeros meses del banco por dos ejecutivos españoles del banco en el país –Victor Manuel Urdangaray Avilés y José Miguel Díaz Fernández-- para lavar dinero en efectivo de presuntos narcotraficantes venezolanos.

Aparte, este semanario documentó que, desde abril de 2017, el director jurídico de ByB es un hombre llamado Carlos Ramírez Gallego, cuyo currículo muestra que su carrera profesional consistió en un vaivén entre ByB y el despacho Collado & Asociados, del abogado de Peña Nieto; en una temporada en que estuvo en Collado & Asociados, indicó en su currículo que era miembro del Consejo de Administración de ByB Casa de Cambio.

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