CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro años de la publicación de la Ley General contra la Tortura, las autoridades mexicanas han incumplido con su obligación de crear el Registro Nacional del Delito de Tortura, denunció el representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández Maldonado.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, señaló que el Estado mexicano aún tiene retos importantes sobre la transparencia y rendición de cuentas en materia de combate a la tortura.

Recordó que las autoridades federales y locales no han cumplido su obligación de crear este registro y, además, continúa pendiente la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y la realización de la segunda Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad.

“Es muy positivo que el presidente Andrés Manuel López Obrador declare públicamente que la tortura no será una práctica tolerada en su administración”, comentó Fernández-Maldonado, sin embargo, dijo, esto se debe traducir en información y datos que constaten que se trabaja de forma efectiva para erradicarla y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la no repetición.

La ONU-DH detalló que ha acompañado la iniciativa del Observatorio contra la Tortura que sistematiza y da visibilidad, información y datos sobre el tema en la plataforma sintortura.org, y revela el actuar de las autoridades en el combate de esta práctica.

Con estos datos constató que muchas autoridades a nivel nacional no tienen sistematizada la información que deberían poseer sobre incidencia de la tortura y las medidas para erradicarla.

La ONU-DH resaltó que la primera edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que se realizó en 2016 permitió observar por primera vez un panorama más claro sobre los desafíos del combate a la tortura en México, por lo que es indispensable que se realice una segunda encuesta lo más pronto posible para actualizar estos datos.