CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 50 años del “halconazo”, continúa la impunidad de los responsables y la represión del gobierno, denunciaron el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (CG-EPR).

En un comunicado, dichas agrupaciones recordaron que el 10 de junio de 1971 se cometió una masacre en contra del movimiento estudiantil, un crimen de estado que, dijeron, se mantiene impune.

A pesar de que se reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre, desaparición forzada, ejecución de heridos en hospitales, tortura, y presos políticos, reclamaron que “la justicia para las víctimas nunca ha llegado”.

“Los verdugos que ejecutaron el crimen fueron premiados y reubicados en las estructuras criminales de Estado y lo mismo sucedió con los responsables intelectuales que hasta la fecha se mantienen impunes”, señalaron.

Y añadieron:

“Los crímenes cometidos el 10 de junio de 1971 se perpetuán y vuelve cómplice a cada administración que arriba sexenio tras sexenio, porque a pesar del clamor histórico popular en la exigencia por juicio y castigo a los responsables, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial se han dedicado a garantizar impunidad en éste y en muchos otros crímenes de Estado”.

Además, aseguraron que la represión y los crímenes de Estado han distinguido la política gubernamental en México, por lo que no hay sexenio que esté exento de ello en la historia contemporánea del país, sin importar la filiación política de la administración en turno.

También denunciaron que Luis Echeverría Álvarez, quien fue presidente de México en 1971, fue exonerado de toda responsabilidad en 2009 por “falta de evidencia tangible”, mientras que a otros personajes se les garantizó “completa impunidad”.

Este fue el caso del secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz; el coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de servicios generales del DDF; el general Alfonso Corona del Rosal “con larga experiencia en la creación de cuerpos represivos y de grupos paramilitares” y Alfonso Martínez Domínguez, regente del DDF, así como otros jefes militares y policíacos responsables de la masacre.

“En no pocos casos se les aseguró futuro a su estirpe en las estructuras represivas, ejemplo de ello es Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, nieto e hijo de criminales de Estado de esta naturaleza”, declararon.

“Los crímenes cometidos contra el Frente Popular en Defensa de la Tierra de Atenco, en el Estado de México; la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en Oaxaca; la desaparición forzada de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la ciudad de Oaxaca, así como la de los normalistas de Ayotzinapa en Guerrero; la masacre contra pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, entre muchos otros, son muestra palpable de la política criminal gubernamental contra el pueblo que se extiende desde el pasado hasta la actualidad”.

“No existe diferencia en la esencia de la política de gobierno de pasadas administraciones con la actual”, aseguraron, ya que se otorga perdón a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado que se han cometido desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad y se espera que el pueblo perdone y olvide estos hechos.