CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que de enero de 2019 a marzo de 2021 bloqueó mil 388 cuentas por un monto global de más de 229 millones de pesos, todas relacionadas con la trata de personas.

Al participar en la Sexta Reunión de Autoridades en Materia de Trata de Personas en la Organización de Estados Americanos (OEA), la institución a cargo de Santiago Nieto Castillo precisó que en el mismo periodo se han identificado 293 reportes de operaciones inusuales relacionados con ese delito.

De ese total, 84.6% de los reportes proviene de 10 entidades federativas, principalmente de la Ciudad de México, con 130 con casos; Jalisco y Quintana Roo, con 21, respectivamente; Tabasco, 17, y Estado de México, con 15 reportes.

De acuerdo con la UIF, las organizaciones criminales que obtienen esos recursos no los guardan, es necesario moverlos, y lo que hacen es reinsertar el dinero en el sistema financiero sano con la apariencia de legal, para lo cual utilizan diversas técnicas y empresas fachada que permiten ocultar el origen ilegal de los recursos.

En ese sentido, destacó que el trabajo de la UIF consiste en identificar a través de análisis de riesgo y diversos indicadores, los flujos de capital que pudieran estar vinculados con estas actividades ilícitas.

Por supuesto, para ello hay que prestar atención a las actividades de riesgo, como las que se dan en bares, centros nocturnos, hoteles y agencias de modelos, entre otros, apuntó.

Los ingresos provenientes de la trata rebasan los 150 mil millones de dólares a nivel mundial, y sólo en América Latina se generan 12 mil millones por estos crímenes.

En la reunión con la OEA, los representantes de la UIF comentaron que durante la pandemia de covid-19 se dio seguimiento a las nuevas modalidades de ese delito y lograron identificar nuevas tendencias que utilizaron los mecanismos virtuales, como sitios webs para continuar la explotación de mujeres y niñas, principalmente.

Asimismo, consideraron que la trata de personas debe ser abordada desde el punto de vista de la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino, y llamar a los Estados miembros a fortalecer la cooperación judicial y administrativa.