CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se confrontaron con efectivos de la Guardia Nacional (GN), luego de que en una persecución a plena luz del día, en el centro de la ciudad, los agentes dispararon y provocaron la muerte del conductor de una camioneta y una vendedora ambulante.
    
Al mediodía de este jueves, en las inmediaciones del Puente Internacional I y la parroquia del Santo Niño, la más antigua de Nuevo Laredo, los agentes dispararon contra el tripulante de un vehículo azul, al que perseguían desde calles atrás.

El chofer, un supuesto tramitador aduanal, murió de un impacto en la cabeza, en tanto que una vendedora ambulante que se encontraba afuera de la iglesia fue alcanzada por los disparos y también perdió la vida.

Personas que atestiguaron los hechos reclamaron a los integrantes de la GN haber disparado a mansalva, pues el conductor estaba desarmado y la mujer era totalmente ajena a la persecución emprendida.

De acuerdo con los pobladores, los agentes intentaron sembrar en la camioneta de la víctima una bolsa con droga y equipos de radiofrecuencia, objetos que pretendieron entregar a militares que llegaron al lugar, pero ante los reclamos éstos optaron por retirarse.

Los testigos exigieron a los efectivos de la Guardia Nacional la presencia de sus superiores para responder por la muerte de las dos personas, de las que hasta el momento se desconoce su identidad.

Ambos decesos, a manos de fuerzas federales, se suman a las 17 ejecuciones arbitrarias cometidas en la ciudad fronteriza en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nueve de ellas atribuidas a elementos del Ejército Mexicano y ocho a militares y policías estatales. 

Ante instancias judiciales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) ha documentado alrededor de 40 casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano, con carpetas de investigación abiertas desde 2011 que mantienen archivadas en la Fiscalía General de la República (FGR)

La organización civil, presidida por Raymundo Ramos Vázquez, también ha documentado 39 desapariciones forzadas cometidas por elementos de la Secretaría de Marina, de las cuales la FGR sólo ha judicializado un caso.