CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los  Derechos Humanos (ONU-DH) exigió sancionar a los responsables materiales y a la cadena de mando involucrados en la muerte de Alexander Martínez Gómez, víctima de una ejecución arbitraria atribuida a policías del municipio de Acatlán de los Pérez Figueroa, según  la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de Twitter, la ONU-DH resaltó que la DDHPO acreditó que el 9 de junio de 2020, Martínez Gómez fue violentado por policías municipales, lo que derivó en su muerte por el uso ilegal de la fuerza, situación a la que se sumó la falta de acceso a verdad y justicia.

“La ONU-DH respetuosamente llama a la presidencia municipal de Acatlán de los Pérez Figueroa, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a implementar esta recomendación y apoyar a la familia y defensores de Alexander para su pleno cumplimiento”, destacó.

Y recordó: “los estándares internacionales exigen una investigación que identifique a todos los responsables, incluyendo a los funcionarios de la cadena de mando”.

Asimismo, señaló que deben ser revisadas “las políticas y fallos sistémicos que pueden haber contribuido a la muerte” del joven, quien al momento de los acontecimientos tenía 16 años.
    
La ONU-DH llamó a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a “revisar y enmendar los aspectos de la investigación identificados por la DDHPO como no alineados a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente sobre las pruebas forenses y la responsabilidad penal de los policías involucrados”.
    
El organismo pidió al presidente municipal de Acatlán de los Pérez Figueroa “adoptar las medidas necesarias para que la actuación de su policía sea acorde con los derechos humanos y evitar la repetición de casos como el referido”.
    
Al expresar su solidaridad con la familia Martínez Gómez, la ONU-DH apuntó que la “seguirá acompañando en su búsqueda de verdad, justicia y reparación”. 

El pasado 22 de marzo la DDHPO emitió la recomendación 01/2021 dirigida al alcalde de Acatlán de Pérez Figueroa y a la Fiscalía General de Oaxaca, relacionada con violaciones a los derechos a la vida por ejecución arbitraria, derecho a la integridad personal por uso ilegal de la fuerza y derecho a la verdad y al acceso a la justicia, en agravio de Alexander Martínez Gómez.

El organismo estatal pudo acreditar que el 9 de junio de 2020, una patrulla municipal tripulada por cinco elementos cerraron el paso a Alexander y a unos amigos suyos cuando transitaban en motocicletas por la carretera El Amate-Acatlán. 
    
De acuerdo con la investigación, “varios agentes bajaron (de la patrulla) y sin mayor explicación dispararon las armas que portaban, uno de ellos lesionó a Alexander causándole su muerte”, mientras que otro jovencito “sufrió diversas lesiones al caer de la motocicleta tratando de huir de los disparos”.
     
Confirmó que los policías pretendieron “justificar” su agresión, sembrando una pistola a Alexander, quien yacía en el piso, situación que fue atestiguada por una mujer que recriminó su conducta. 
    
“Los policías después del hecho fueron omisos en solicitar auxilio médico para Alexander y el adolescente A, además de que no se siguieron los protocolos para resguardar la escena del crimen y asegurar la cadena de custodia. Los familiares al llegar fueron maltratados y revictimizados por los mismos policías”. 
    
La DDHPO recomendó a la alcaldía y a la Fiscalía del estado reparar el daño, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad y una disculpa pública, mientras que la alcaldía deberá publicar la recomendación en la página de internet del ayuntamiento.

También recomendó dar vista de los acontecimientos a la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, verificar que los integrantes de la policía municipal cumplan con los requisitos constitucionales y legales para ingresar al cuerpo de policía, así como implementar un programa de capacitación en materia de derechos humanos para los agentes municipales.