CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Semanas después de haberse pronunciado por exterminar al Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente de Morena, Mario Delgado, atemperó el discurso y expresó que irán “contra algunos consejeros”.

Las nuevas declaraciones de Delgado sobre el árbitro electoral se inscribieron en uno más de los desencuentros con el organismo autónomo que recién dictó medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de promover programas sociales durante sus conferencias de prensa, como lo hizo el pasado viernes.
 
“Parece que no les fue suficiente quitarnos algunas candidaturas de manera arbitraria; ahora regresan con su intentona para silenciar al presidente”, apuntó.

Acompañado por el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, el dirigente partidista acusó una “venganza sucia” de parte de algunos consejeros electorales. 

“Poner al INE al servicio del PRIAN es una traición a nuestra democracia. El pueblo de México ya decidió que quiere vivir en esta Cuarta Transformación en una auténtica democracia, donde el pueblo siempre mande”, señaló.

Desde hace dos meses, la dirigencia de Morena mantiene una campaña consistente contra el INE, en particular contra el presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, acusándolos de estar al servicio del PRI y del PAN.

Según Mario Delgado, los consejeros usan la ley a su modo, ahora para vulnerar la libertad de expresión, y violan la Constitución. En tanto, añadió, lo verdaderamente anticonstitucional es ganar sueldos superiores a las percepciones del presidente de la República. 

Las quejas del líder morenista son porque varias decisiones del INE han afectado a Morena, un asunto que reivindicó Ignacio Mier.

Fue el líder cameral quien en esta ocasión anticipó la promoción de juicio político contra los dos consejeros electorales mencionados, por considerar que han violentado los artículos 22 y 41 constitucionales extralimitándose en su función.

Adelantó que Morena, con los partidos aliados en la cámara, analizan la ruta jurídica que puede seguirse para conseguir el juicio político, el cese y la inhabilitación de los consejeros implicados en las prácticas que acusan.