CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas y 24 comisiones estatales alertaron sobre la persistencia de omisiones contenidas en el proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República aprobado por el Senado y que se discute en la Cámara de Diputados, que impiden la coordinación de familiares de personas desaparecidas con autoridades ministeriales.
    
En un comunicado conjunto, llamaron a los legisladores a “abrir una discusión amplia, pensada, responsable y sin premura, para buscar soluciones de raíz en la investigación, procuración y la búsqueda”, ante la ausencia de 86 mil 790 personas “victimas de diversos delitos”, así como el hallazgo de “más de cuatro mil fosas clandestinas, con decenas de cuerpos sin identificar”.

Al señalar que pese a la gravedad del problema hay “apenas 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, y docenas de miles de investigaciones abiertas”, las comisiones de búsqueda rechazaron la propuesta que será sometida a votación en la Cámara de Diputados, “pues no sólo representa un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino para los derechos a la verdad y a la justicia de sus familiares”.

En un pronunciamiento reconocieron que el Senado conservara la permanencia de la FGR en algunos de los mecanismos de derechos humanos, pero alertaron que se mantiene la narrativa de que la intervención será “con absoluto respeto a la autonomía constitucional”, argumento con el que la dependencia ha eludido su participación en la búsqueda de personas desaparecidas.

“La FGR ha rechazado coordinarse con otras instituciones y aplicar el Protocolo Homologado de Búsqueda, ha negado la existencia del derecho de toda persona a ser buscada y ha afirmado, además, que su obligación de investigar no está relacionada con su obligación de búsqueda, por lo que --se entiende-- su autonomía se basa en su entendimiento de la investigación y no de búsqueda”, destacaron los firmantes.

Otras de las preocupaciones que las comisiones tienen del proyecto en discusión se relaciona con “la eliminación de las obligaciones del Ministerio Público frente a las víctimas, así como la actuación sobre las comisiones especiales y la intervención directa de la FGR en el Mecanismo de Apoyo al Exterior”.

Asimismo, consideraron que persisten dudas de que se garantice que la función ministerial estará libre de presiones internas y externas, cuando esa autonomía técnica se puede proteger “mediante un servicio profesional de carrera y no con enunciaciones que se contradicen y muestran la intención de verticalización y concentración sobre los casos en la figura de fiscal general”.

Ante la inaplicación de la Ley Orgánica de la FGR vigente, que se pretende derogar sin que se instalara el consejo ciudadano, la unidad de transición o el centro de formación y servicio profesional de carrera, así como tampoco se presentó el plan estratégico de transición o el plan de persecución penal, las comisiones consideraron que lo que se requiere es “revisar la implementación de la LOFGR y no crear una nueva, y por otro lado abrir la discusión sobre una reforma integral constitucional y legal, de verdad y justicia, que intente resolver estructuralmente la impunidad en el país”.

Ante la crisis de derechos humanos que vive el país, demandaron “un diálogo abierto y respetuoso que permita articular los esfuerzos y capacidades del Estado mexicano para garantizar los derechos de todas las personas y dar resultados concretos a favor de las víctimas”. 

De igual manera, rechazaron reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del  Sistema Nacional de Búsqueda, y otras leyes relacionadas, “sin abrirse a un  debate amplio, franco y transparente que reconozca y garantice no sólo el parlamento abierto a toda la sociedad, sino de manera diferenciada el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus representantes, así como la participación de los demás miembros del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Con la CNB firmaron las comisiones estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.