CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Península de Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya, organizaciones de la sociedad civil y colectivos consideraron que la presencia del mandatario en la región es una “afrenta” al Poder Judicial Federal y a las comunidades que han obtenido cinco suspensiones provisionales, en tanto que se mantienen en litigio 15 amparos contra el megaproyecto.

Este viernes después de concluir su conferencia de prensa matutina, López Obrador se desplazó hacia la Península, donde permanecerá este fin de semana en una gira para supervisar los avances del proyecto en los cinco estados considerados para el paso del tren.

En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones, colectivos y comunidades, emplazaron a López Obrador a que “se pronuncie y atienda los reclamos de los 15 procesos judiciales”, y que ordene el cumplimiento de las suspensiones otorgadas al organismo responsable del Proyecto Tren Maya, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Ante la visita a la región, los promoventes de procedimientos judiciales consideraron preocupante que la presencia de López Obrador alimente la campaña de estigmatización contra quienes han recurrido al Poder Judicial a exigir el respeto a sus derechos.

“Como en otras ocasiones, el anuncio de esta gira se da sólo días después de que se hiciera pública información sobre los distintos juicios de amparo presentados por comunidades mayas, barrios y activistas de derechos humanos…La vista del presidente es sin duda una reacción que busca hacer de su presencia una postura de afrenta, así como reforzar un discurso con el que busca presentar una realidad que no existe”, apuntaron.

“El proyecto está lleno de graves cuestionamientos. Pero el presidente, lejos de dar espacio para pronunciarse y atender estos riesgos, se ha centrado en estigmatizar a las y los defensores y minimizar los problemas señalados”, lamentaron las organizaciones y colectivos.

Al recordar que en los últimos días se dieron a conocer cinco nuevas suspensiones ordenadas judicialmente, otorgadas en Campeche y Yucatán, y que subsisten 15 juicios de amparo, los firmantes destacaron que los juicios “se han presentado por violar el derecho a la consulta indígena, por afectaciones al medio ambiente, por no hacer pública la integridad de la Manifestación de Impacto Ambiental, por desalojos forzosos, por afectaciones al patrimonio cultural, entre otros”.

Los firmantes pidieron “garantizar la independencia judicial en los procesos, así como detener la campaña de provocación y desprestigio en contra de las comunidades y colectivos que defienden los derechos ante las violaciones provocadas por el Proyecto Tren Maya”.

Las organizaciones y comunidades indígenas destacaron que las resoluciones judiciales “evidenciaron lo que desde hace meses ya se ha reportado: el proyecto amenaza los derechos humanos, sin que esto haya generado en las autoridades preocupación sino rechazo a cualquier crítica y movilización en defensa de los derechos humanos”.

Para los opositores al proyecto de López Obrador, la visita presidencial es “una postura de afrenta”, pues va a la Península “no a atender los reclamos y afectaciones de las personas que han promovido demandas de amparo, sino a reforzar un discurso triunfalista que estigmatiza a quienes se oponen al proyecto, representa un mensaje de confrontación con los pueblos, barrios y personas que defienden sus derechos, así como para el Poder Judicial de la Federación”.

Para los firmantes, realizar una gira de supervisión de obras “e impulsarlas como reacción a las suspensiones otorgadas judicialmente, representan un desacato a la justicia y un daño al marco constitucional del Estado”.

Apuntaron que el proyecto, que considera la creación de polos de desarrollo, no sólo ha sido cuestionado por comunidades indígenas, organizaciones sociales, científicos de todas las áreas, así como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Insistieron en que “son justamente las alegaciones de violaciones a los derechos de las comunidades, así como los posibles riesgos ambientales, sociales y culturales emanados de ese proyecto, los que han llevado a que los juzgados federales emitan las medidas cautelares”.

Reprocharon que esas suspensiones, “bajo argumentos falaces han sido violadas por Fonatur, incumplimiento que el represente del Poder Ejecutivo Federal parece respaldar en con esta próxima visita”, que además se suma a la “campaña de desprestigio y estigmatización que Fonatur y la propia presidencia han desatado en contra de comunidades y organizaciones sociales que cuestionan la viabilidad social, económica y ambiental del proyecto”.

Consideraron que “frente a la contundencia de las suspensiones otorgadas, el gobierno federal pareciera entonces responder con la estigmatización y el desprestigio, actuaciones que distan de representar a un gobierno que se asume como democrático y plural”.

Firmaron el pronunciamiento Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Kanan Derechos Humanos; Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Diálogo Movimiento; Due Process of Law Foundation; Articulación Yucatán; Colectivo Tres Barrios, Campeche y comunidades Chol de Palenque, Ocosingo y Saldo de Agua, Chiapas.