TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).– El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, conformado por varias organizaciones civiles, condenó este sábado las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran migrantes en los distintos albergues de la frontera sur y llamó hoy a poner fin a estas situación y otras “prácticas ilegales”.

Señaló que la situación actual de más de 300 personas, en su mayoría familias conformadas por mujeres con niñas, niños y adolescentes (NNA), detenidas en la bodega acondicionada como Estación Migratoria Cupape II La Mosca, en el municipio de Chiapa de Corzo, revela las consecuencias del reforzamiento del operativo de control migratorio y el cierre de fronteras anunciados el pasado jueves 18 de marzo por el gobierno mexicano ante la presión de Estados Unidos por contener el tránsito de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.

El Colectivo recordó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNN) señala que en ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención.

Pese a ello, actualmente cerca de 329 personas, muchas de ellas mujeres con sus hijas e hijos, se encuentran privadas de la libertad, por lo que solicitó darles atención y protección inmediata de la Procuraduría Federal de Protección y del Sistema DIF Estatal y Municipal.

Al Colectivo le preocupa el hacinamiento en que se encuentran, en completa contradicción con las medidas sanitarias a nivel federal de prevención del covid-19 y que, en el caso de la Estación Migratoria de La Mosca, profundiza las graves condiciones de alimentación, salud y bienestar que se han denunciado desde su apertura en 2019.

“Es importante resaltar que la situación de las personas privadas de la libertad en La Mosca es similar a la vivida por quienes se encuentran detenidas en la Estación Migratoria Cupape I en Tuxtla Gutiérrez. A partir de la información de periodistas y medios de comunicación se ha denunciado el hacinamiento, la detención prolongada, la falta de información, precaria alimentación y condiciones sanitarias de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres”, dijo el Colectivo.

Recordó que organizaciones de la sociedad civil y albergues han documentado la detención en Estaciones Migratorias de NNA y sus familias por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con otras fuerzas de seguridad a pesar de que es una práctica ilegal.

También existen reportes de personas que no son encontradas en los registros de las estaciones a pesar de permanecer ahí por tiempo prolongado, la separación de familias y deportaciones masivas sin estudios individualizados de casos ni respeto al Interés Superior de la Niñez en contra de lo estipulado en la propia ley.

Además, dijeron que han documentado el rechazo de personas solicitantes de refugio, sobre todo de grupos familiares, por autoridades migratorias en el punto de internación puente Rodolfo Robles, en el municipio de Suchiate, frontera con Tecún Umán, Guatemala.

Asegura que ha quedado en evidencia la ausencia de protocolos de actuación y coordinación interinstitucional apegados a la reglamentación de leyes y reformas que se han promulgado progresivamente en los últimos años, lo que deja en total desprotección a la población en movilidad. Conllevando, a su vez, a la presión sobre albergues y organizaciones para asumir responsabilidades que corresponden al Estado de alojamiento y protección.

El Colectivo de Observación lo integran, entre otros organismos, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes y una decenas más de organizaciones civiles.