TOLUCA, Edomex (proceso.com.mx).- Al menos dos de los tres exfuncionarios que denunció la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntamente sustraer el expediente original sobre el probable conflicto de interés del expresidente Enrique Peña Nieto con Grupo Higa -por el caso de la llamada “La Casa Blanca- trabajan en la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México.

Se trata de Gabriel Carreño Camacho y Jesús Antonio Suárez Hernández, ambos denunciados penalmente por la Secretaria de la Función Pública (SFP) por su probable responsabilidad en el ejercicio ilícito del servicio público.

Carreño Camacho ocupaba el cargo de subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. En tanto, Suárez Hernández fue director general de denuncias e investigaciones en la SFP.

Los registros de ambos funcionarios están vigentes en el directorio y relación de remuneraciones de la Secretaría de la Contraloría del gobierno mexiquense.

Actualmente, Gabriel Carreño Camacho tiene el cargo de Subsecretario de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría del gobierno del Estado de México (con un sueldo de 113 mil 646 pesos mensuales), y Jesús Antonio Suárez Hernández es Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría, con ingresos mensuales por 99 mil 244 pesos.

Ambos compartieron créditos en la Secretaría de la Función Pública con el actual secretario de la contraloría del gobierno mexiquense, Javier Vargas Zempoaltecatl, quien hasta el 4 de septiembre del 2017 fungió como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Púbicas, hoy bajo sospecha al haber sido el área de donde se sustrajo irregularmente el expediente de investigación relacionado con “La Casa Blanca”.

Esta reportera llamó a la secretaría de la contraloría del gobierno del Estado de México a la oficina de cada uno de los dos funcionarios mencionados. Sus respectivas secretarias confirmaron que los funcionarios continuaban laborando normalmente hasta el viernes 12 de marzo.