XALAPA, Ver. (proceso.com.mx).- El Colectivo de Familiares Desaparecidos de Orizaba-Córdoba confirmó que en la congregación de Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán, fueron halladas fosas clandestinas, las cuales podrían corresponder a personas desaparecidas en los últimos tres años.

Ixtaczoquitlán es un municipio que se ubica en las montañas de Veracruz, cerca del corredor industrial Córdoba-Orizaba.

Araceli Salcedo, vocera del colectivo y quien tiene desaparecida a su hija Rubi Salcedo desde el 2012, mencionó que aunque se sigan hallando puntos, la Fiscalía General del Estado sigue sin dar resultados en la identificación de cuerpos, pues tiene más de un año que encontraron restos en Los Arenales, otro predio ubicado en Río Blanco.

“Y no han sido entregados a los familiares, bajo el argumento de la pandemia.  Se va rezagando más y más la identificación de los cuerpos, esta pandemia desafortunadamente nos ha venido a traer más retraso aún más institucionalmente, cuando no debería de ser, porque si no se está trabajando en campo por meses, pues yo creo que le hubieran dado ahí la prontitud a la identificación de todo lo que ya tienen”, fustigó.

En esta región, 25 personas desaparecieron a manos de la Policía Municipal en 2019, fue hasta qué familiares de las víctimas decidieron hacerlo público, cuando el gobierno de Cuitláhuac García emitió una decena de órdenes de aprehensión. Hasta el momento, sólo han podido detener a dos policías con las claves de “Bam Bam” y “El Chino”, el comandante de la policía continúa prófugo de la justicia.

En entrevista telefónica, Araceli Salcedo apunta que la Fiscalía tiene la obligación de revisar puntos positivos (fosas clandestinas detectadas por familiares de desaparecidos) y seguir buscando.

“Les falta concluir el predio de la “Guapota” y “Los Arenales”, hemos pensado que no dejaremos que la Fiscalía entre, hasta que no entreguen a los familiares los restos que se han sustraído de las fosas. A nosotros nos avisan los familiares por la confianza y no se los vamos a dar a la fiscalía para que exhume y solo tengan los cuerpos almacenados. Llevamos más de un año esperando a que nos den la identificación de uno que encontramos tirado y de otros más, no nos han dado ninguna respuesta, con el argumento de la pandemia”.

En octubre del 2020, cuando el colectivo protestó en un evento público, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, encaró a Araceli Salcedo. La increpó por protestar en un acto gubernamental cuando -reprochó Cisneros- su hija desaparecida (Araceli Rubi) no pertenecía a este sexenio. Esto desató más la furia de los colectivos quienes fustigaron que los desaparecidos no podían ser objeto de partidos políticos.

La encargada de la Comisión de Búsqueda en el Estado, Brenda Cerón, ha dicho que en lo que va de la administración han sido levantadas mil 200 denuncias por desaparición, de las cuales 400 personas no han podido -dijo- volver a casa.

En octubre del 2019 fue reportada la desaparición forzada de siete comerciantes originarios de Ciudad Mendoza, a manos de la policía municipal de Ixtaczoquitlán. Al día de hoy no hay avances en la investigación, se quejan familiares de las víctimas.

Y lo mismo ocurre con otros 10 desaparecidos en 2019. Ricardo, de 20 años, Jorge (45), Joel (43), Humberto (32), Daniel (26), Jorge Obet (41) y Luisa Carreras, de 30 años, salieron el pasado 26 de octubre de Ciudad Mendoza rumbo a Córdoba, para comprar mercancía, pero fueron detenidos por elementos de seguridad, con el argumento de que la ropa que vendían era ilícita.

En el caso de los hermanos Joel y José Reyes, sus parientes exigen que la fiscal general del estado, Verónica Hernández, deje de obstaculizar las diligencias de búsqueda, y que el gobernador Cuitláhuac García los reciba para comentarle de “viva voz” sobre las diversas irregularidades en la indagatoria.

Esa es la misma exigencia de familiares de Ciro Álvarez Cantor, Fernando José Trejo Aguilar y Martín Flores Medina, quienes días antes –el 8 de octubre-- también fueron “levantados” por la policía de Ixtaczoquitlán. Los familiares de los desaparecidos recriminan que desde la oficina central de la Fiscalía General del estado (FGE) decidieron “quitarles” a la fiscal investigadora regional Zona Centro, Martha Lidia Pérez Gumersindo, la única que –aseguran-- había logrado una orden de cateo y las aprehensiones de los policías municipales con las claves ‘El Bam Bam’ y ‘El Chino’.

Vía telefónica, parientes de los comerciantes José y Joel Reyes aseguran que la encargada de la Unidad de Desaparecidos en la Fiscalía de Córdoba, Fabiola Melo, es cómplice del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Afirman que ella dio “el pitazo” al director de Seguridad Pública municipal de Ixtaczoquitlán, Octavio Alejandro Pérez, hoy prófugo de la justicia, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en los primeros días de noviembre de 2019.

A través de WhatsApp, familiares de los desaparecidos hicieron llegar una nota al reportero donde exigen la aparición con vida de sus seres queridos. “Queremos que se investigue al presidente de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelan Crivelli –compadre del diputado federal panista Carlos Valenzuela--.

Exigimos que se haga la pronta detención de Alejandro Pérez, pues el comandante debe de saber el paradero de nuestros familiares. Queremos que nos reciba el gobernador Cuitláhuac García para hacerle ver las múltiples inconsistencias e irregularidades en la búsqueda”.