TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que con el caso de Mariana Sánchez Dávalos quedó evidenciada la ausencia de perspectiva de género para investigar los feminicidios en la entidad.

Asimismo, demandaron de manera urgente sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstaculizaron el acceso a la justicia de la joven pasante de medicina. 
 
La mañana del pasado 28 de enero fue hallado el cadáver de Mariana, quien ofrecía su servicio social en una clínica rural de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo. La Fiscalía General del estado (FGE) aseguró que había fallecido por “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”. 
 
Tras el escándalo que provocó el caso de Mariana, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. denunciaron este miércoles la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades de Chiapas para investigar delitos cometidos por razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en la entidad.
 
Un ejemplo claro de las omisiones de las autoridades estatales, subrayaron, es la reciente agresión sexual y posterior feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina, de 24 años de edad, quien denunció el hostigamiento al que fue sujeta, sin obtener una sola respuesta por parte de las autoridades universitarias, de salud y judiciales, y tampoco de la Fiscalía.
 
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones mencionaron que el caso no fue investigado con perspectiva de género y se realizaron acciones sin consentimiento de la familia, como la cremación del cuerpo, hecho recurrente en otros casos. Tal acción podría derivar en responsabilidad de las autoridades, pues con ello se hace imposible la realización de los peritajes correspondientes, lo que obstruye el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia.
 
Para las organizaciones civiles es importante aplicar el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, publicado en agosto de 2020, mismo que se elaboró con los más altos estándares de investigación a nivel internacional, retomando el Protocolo de  Minnesota, la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía, así como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
 
Además, el protocolo de investigación incorporó las necesidades específicas en comunidades y grupos indígenas, el enfoque diferencial y peritajes sociales con perspectiva de género.
 
Las tres organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres en Chiapas recalcaron que la falta de investigación en los delitos de género evidencia en primer lugar el poco reconocimiento de la problemática; en segundo, la normalización de la violencia contra las mujeres y, en tercer lugar, la falta de perspectiva de género y de voluntad política para atender de manera prioritaria la violencia que acaba con la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas.
 
Y, además, la inacción de las autoridades del estado podría recaer en responsabilidad internacional. 
 
También destacaron que, en materia de feminicidio, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo observaciones a México en julio de 2018, durante la evaluación intermedia, donde pidió que “investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria”, y “garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”. 
 
En este contexto, ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas, exigieron justicia para Mariana Sánchez y para todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia feminicida.
 
De igual manera, demandaron investigar toda muerte violenta de mujeres, como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos, e implementar a cabalidad el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, para garantizar de manera pronta y eficaz el acceso a la justicia.
 
También mencionaron la urgente necesidad de capacitar a las y los funcionarios públicos para la implementación del protocolo y la realización de investigaciones con perspectiva de género, ya que contar con el protocolo por sí solo no es suficiente para garantizar el acceso a la justicia.
 
En el pronunciamiento conjunto exigieron al gobierno en sus tres niveles fortalecer la realización de análisis de contexto y peritajes sociales para identificar los antecedentes de violencia de los que las mujeres víctimas de feminicidio sufrieron previamente.
 
Pero, sobre todo, sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.
 
Recordaron que de 2018 a 2020, 71 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la entidad, y desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han identificado que una constante es la resistencia de las autoridades, no solo en la aplicación del protocolo, sino para investigar con perspectiva de género, lo que es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la verdad y la justicia. 
 
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se registraron en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir, menos de la mitad de los casos.