CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió las sentencias contra México por la tortura sexual a 11 mujeres en San Salvador Atenco y la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado a manos de miembros del Ejército, en Chihuahua, víctimas y familiares involucrados en esos casos denunciaron la falta de voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para cumplir las resoluciones internacionales.

En conferencia de prensa, cuatro de las 11 mujeres de Atenco y cuatro familiares de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado, así como abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), alertaron que ante el incumplimiento de las sentencias solicitaron a la Corte Interamericana audiencias de seguimiento de las resoluciones, para que representantes del gobierno de López Obrador expongan ante los jueces del tribunal internacional el motivo de los desacatos.

Aunque se trata de casos distintos --el primero ocurrido en mayo de 2006, cuando mujeres fueron víctimas de tortura sexual al ser detenidas por fuerzas policiales federales y estatales, y el segundo sobre la desaparición forzada de los tres integrantes de la familia Alvarado, atribuida a miembros del Ejército desplegados en el Ejido Benito Juárez en diciembre de 2009--, en ambos las víctimas y los familiares coincidieron en que se mantiene la impunidad.

Reconocieron la “falta de coordinación” de las autoridades de distintas instancias para dar un cumplimiento cabal en el tema de medidas individuales de reparación, mientras que habría una “negación” para acatar los resolutivos de la CoIDH que inducen al cambio de modelo de seguridad pública.

Edith Rosales, Italia Méndez, Claudia Hernández y Patricia Romero, víctimas de tortura sexual en Atenco, expresaron su decepción con el gobierno de López Obrador por el incumplimiento de la sentencia ordenada debido a la represión que marcó a Enrique Peña Nieto, cuando fungió como gobernador del Estado de México, y a la entonces Policía Federal durante el saliente gobierno de Vicente Fox.

Rosales señaló “la falta de voluntad de la 4T para cumplir la sentencia, (pues) no han hecho nada para coordinar y obligar a las instituciones a acatarla ni mucho menos han convencido a las fiscalías, la general de la República y la del Estado de México, para avanzar en la investigación”.

Y Méndez habló del “desazón” no sólo por el incumplimiento de las sentencias, sino porque “hay una negación de las graves violaciones a derechos humanos y la incapacidad de las instituciones para coordinarse” en la atención de medidas de salud y estructurales “para que estos casos no vuelvan a repetirse”.

A su vez, Claudia Hernández explicó que buena parte de la “tristeza profunda” que tienen las 11 mujeres de Atenco radica en que a la fecha “no hay ningún responsable en la cárcel, ni autor material ni intelectual”, mientras que no se quiere cumplir con la creación de un Observatorio Independiente para monitorear a las fuerzas de seguridad, como lo ordenó la Corte Interamericana para supervisar a la Policía Nacional, pero ahora se aplica a la Guardia Nacional.

Patricia Romero acusó al presidente López Obrador de tener una “doble moral”, ya que acepta públicamente el escrutinio internacional, pero incurre en el incumplimiento de las sentencias, en este caso específico con el aletargamiento para la instalación del mecanismo para atender a las víctimas de tortura sexual.

Paola y Sitlaly, hijas de Nitza Paola; Rosy Alvarado, hermana de José Ángel, y Patricia Reyes, madre de Rocío Irene, recordaron que desde hace dos años han solicitado una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, sin que haya respuesta de su parte, en tanto que ha habido una reiterada negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional a participar en las conversaciones sobre el reconocimiento de responsabilidad del Estado en la desaparición de los Alvarado.

Sitlaly Alvarado precisó que hasta ahora lo único que se ha cumplido es con la publicación de la sentencia, mientras que sólo se han realizado dos reuniones en 2019, en una de las cuales “Encinas dijo que se cumpliría la sentencia en un mes, pero lo que después vino fue una falta de interés y se les ha dado más poder y menos rendición de cuentas al Ejército”.

“Hemos viajado 2 mil kilómetros en busca de verdad y justicia, pero a 12 años de la desaparición de mis familiares seguimos sin respuestas”, apuntó la jovencita, quien forma parte de un núcleo familiar que buscó asilo en Estados Unidos.

En su oportunidad, Rosy Alvarado contó que el 25 de octubre pasado se instrumentó un operativo de búsqueda en minas de Benito Juárez, y después de caminar cuatro horas “no pudimos hacer nada porque no llevaban equipo para una búsqueda seria, sólo fuimos a ver hoyos y lo que queremos es saber qué pasó con nuestros familiares”

Patricia Reyes resaltó que no van dar pasos atrás “porque hay responsables y sabemos quiénes fueron; a mi hija se la llevaron de mis brazos, aunque ellos lo van a negar siempre. Lo que queremos es que haya justicia, saber dónde están y que se acaten las órdenes de la Corte Interamericana, y que dejen de decir que ellos no fueron”.

Paola recordó que cuando se emitió la sentencia, la familia Alvarado se sintió satisfecha porque “éramos la voz de miles de familias de desaparecidos, pero ahora nos sentimos decepcionados, porque a tres años nos enfrentamos a un gobierno indiferente al que no le importa resolver los casos, siguen impunes”.

Ante la orden del presidente López Obrador de investigar al general Jens Pedro Lohmann, quien habría tenido información del caso Alvarado y ocultó los hechos, Paola llamó al tabasqueño a ampliar la investigación “a todos los militares involucrados, necesitamos a mi mamá, que se toque el corazón, hace casi 12 años el presidente dijo que ayudaría a los familiares de víctimas, (entonces) que empiece con los casos con sentencia”.

Las abogadas María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, y Ruth Fierro, del Cedehem, destacaron la falta de acceso a la justicia, la verdad y reparación para las familias y las víctimas, situación que las revictimiza.

De igual manera, alertaron que en ambos casos la Corte Interamericana analizó “los distintos aspectos del actuar de las fuerzas de seguridad en el país”, y de ahí la relevancia de implementar medidas ordenadas para evitar la repetición de hechos.