MONTERREY, N L (apro).- Representantes de por lo menos 30 albergues y centros de derechos humanos en el norte de México pidieron a instituciones de los tres órdenes de gobierno que protejan a los migrantes en su tránsito por el país.

Luego de la reunión que sostuvieron el miércoles en la ciudad de Chihuahua denunciaron que el fenómeno social de la migración forzada está marcada por causas relacionadas con la violencia, desigualdades económicas, pobreza extrema, devastación ambiental y la imposibilidad de la reunificación familiar.

En el pronunciamiento conjunto señalaron que este fenómeno en el país es cada vez más doloroso y complejo por las múltiples violaciones a los derechos humanos que implica, con ausencia de estado de derecho y políticas vinculadas a la “seguridad nacional”.

Al enumerar las afectaciones a los migrantes, señalaron: “el trato de los migrantes como mercancías; la violencia cometida en contra de las mujeres; el uso de la niñez como parte de la delincuencia organizada para el tráfico de personas o mercancías; las prácticas sistémicas de normalización de las injusticias; la impunidad; las detenciones ilegales y arbitrarias; los abusos y extorsiones”

“La corrupción; la no procuración de la justicia; el alto nivel de impunidad de autoridades; las amenazas del crimen organizado; la explotación laboral, la discriminación hacia estos grupos de personas y la militarización del Instituto Nacional de Migración. Una crisis humanitaria que no cesa y se intensifica”.

Los integrantes de las casas de migrantes y centros de derechos humanos manifestaron también su preocupación por la indiferencia hacia los viajeros vulnerables como niños, adolescentes que viajan solos o acompañados, miembros de la comunidad LGBT, adultos mayores, discapacitados, así como familias necesitadas de protección internacional.

Por ello instaron al gobierno federal, a estados y municipios a reconocer a México como “país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes está obligado a defender, proteger y promover los derechos humanos de las personas migrantes y a respetar la dignidad humana”.

Al afirmar que su compromiso con la sociedad civil es la de denunciar abusos y violaciones a los derechos de los migrantes, pidieron a los gobiernos “verdaderas acciones de apoyo e inclusión para con las personas migrantes, desplazadas, retornadas y refugiadas, y que promuevan la solidaridad que valore y dignifique a las personas y favorezca la inclusión, y que establezcan un compromiso conjunto de sociedad, academia e Iglesia para dar una respuesta humana, fraterna y justa a las personas migrantes en favor de la solidaridad social y el bien común”.

Por lo anterior, recomendaron transformar la actual política restrictiva de seguridad nacional en política de seguridad humana; procurar una justicia pronta y expedita; favorecer el estado de derecho; así como apegarse y hacer cumplir las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de delitos cometidos en contra de las personas migrantes.

Pidieron justicia para los migrantes desaparecidos, y las víctimas de las masacres de San Fernando y Cadereyta “y para todas aquellas que sus muertes han pasado desapercibidas e invisibilizadas por el sistema.

Además, demandaron para los migrantes, acceso a la vacuna de covid 19.

Firman el pronunciamiento diversas casas de migrantes de estados del norte del país.