CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles y colectivos en defensa del territorio, alertaron que el Acuerdo presidencial que considera de “interés público y seguridad nacional” las obras de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, va a “acelerar el despojo a los pueblos”, cancela las posibilidades de defensa legal y estigmatiza a los opositores de las mega obras.

Como parte de la campaña “Luces de las Resistencias”, en conferencia de prensa para fijar posición frente a la Reforma Constitucional en materia eléctrica, dada a conocer por el gobierno federal el 30 de septiembre, así como sobre la Conferencia de Naciones unidas sobre Cambio Climático, activistas coincidieron en que el Acuerdo presidencial, es una “amenaza” para los pueblos que se oponen a la devastación de sus tierras, de los bosques y selvas, y de la contaminación de sus aguas.

Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dijo que el Acuerdo presidencial es una “preocupación” para los pueblos que se oponen a proyectos extractivistas, así como de almacenaje, transmisión y generación de energía, porque “en el corredor interoceánico los proyectos que son considerados como prioritarios, van a tener las facilidades para realizar los trámites y avanzar en el despojo de los pueblos”.

Apuntó que al ser consideradas de seguridad nacional todas las obras y proyectos gubernamentales, se “genera el temor o la incertidumbre que esto (el acuerdo) va a servir para quitar los bloqueos ir contra las resistencias de los pueblos en los territorios”.

Myriam Vargas, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA), consideró que el Acuerdo “frena las herramientas legales”, que tienen los pueblos para oponerse a proyectos que consideren son dañinos para las comunidades.

“Si antes teníamos al menos 15 días para interponer amparos e inconformarnos legalmente en contra de alguna arbitrariedad, ahora se les están dando a las instituciones facilidades a los constructores de los proyectos para que, en cinco días, sino tienen respuesta de las autoridades, realizar sus obras”, dijo Vargas.

La integrante del FDTA destacó que a quienes beneficia la medida, es a empresarios concesionarios en las construcciones de las obras insignia y de aquellas contratadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y a quienes “los pueblos les tienen paradas las obras por los amparos que se han promovido”.

En el caso de la región colindante con el volcán Popocatepetl, donde tiene influencia el FDTA, “al menos hay 11 amparos que tienen detenidas las obras, está construida la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, pero no puede operar”, apuntó Vargas.

Rodrigo Patiño de Articulación Yucatán, agregó que decisiones como el acuerdo presidencial “evitan los diálogos  y  genera un discurso de odio contra quienes defendemos el medio ambiente o los derechos humanos y nos tildan de ser de derecha o pertenecer al ‘cartel de los onegeros’, discursos que no abonan en nada y van en contra de un ejercicio democrático y de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”.

Patino agregó que si hay conflictos sociales en contra de las obras insignias del presidente es porque “no se escucha a las personas de los territorios, se toman decisiones sin considerar los impactos ambiental ni social que afectan un territorio, y todos estos trámites que quiere saltarse la autoridad”.

Recordó que estudios de impacto ambiental o los dictámenes del Instituto Nacional de  Antropología e Historia (INAH) sobre las afectaciones que tendrá el Tren Maya, por ejemplo “no son consideraciones que se hacen en cinco días, porque son autorizaciones que tienen que revisar afectaciones a nivel ambiental o socioambiental o bien al patrimonio cultural de nuestro país”.

Expropiaciones sin diálogo

Sobre la Reforma Energética, las organizaciones, colectivos y comunidades, puntualizaron que al considerar los actuales megaproyectos como estratégicos para el Estado, “seguirá abierta la puerta a las expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército”.

Consideraron que “el despojo podría agudizarse mediante la nueva Reforma Eléctrica, como hemos viso en los proyectos prioritarios de la 4T: el mal llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, la continuidad del Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico, que pretenden ser el nudo que articule toda la infraestructura energética para interconectar éstas y más obras, satisfaciendo el consumo energético de las grandes industrias y mercados nacionales e internacionales a costa del despojo, la destrucción del medio ambiente e incluso con hostigamiento, persecución y amenazas a la vida de quienes defendemos nuestros territorios”.

Avalaron que se limite “la participación en la generación eléctrica de las grandes empresas privadas”, que en los hechos “hacen negocios sin preocuparse por el bienestar de los pueblos” donde asientan sus plantas de energía eólicas, solares o hidroeléctricas, lo que se ha observado en Yucatán, Puebla, Veracruz, Baja California, Oaxaca, entre otras entidades.

Al señalar que, en la generación de energía, CFE “también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas”, los firmantes del posicionamiento pusieron como ejemplos de ello “los intentos de la imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecuciones, criminalización y asesinatos”.

Contra el fracking

Sobre la propuesta de extracción del litio, los firmantes recordaron que “la industria minera del litio, de cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción”, por lo que se oponen al modelo extractivo minero.

Se pronunciaron en contra del fracking, como una medida para atender los compromisos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento del planeta en 1.5º, por lo que reprocharon que el fracking persista en México a pesar del compromiso del presidente López Obrador de erradicarlo.

“Año con año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021”, datos que se suman a la confirmación de que en México “64% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector energético, principalmente por el consumo de combustibles fósiles, incluyendo al mal llamado gas natural”, en tanto que el uso del gas para la generación de energía eléctrica tuvo un incremento de 1031% entre 1990 y 2015”.

Los activistas firmantes consideraron que la reforma energética debe contener de manera explícita que el derecho humano a la energía eléctrica está asociado a “una tarifa social justa que plantee el acceso a este bien común como un tema de derechos humanos, y no de mercado de precios”, por lo que es necesario “contemplar la tarifa social dentro del tabulador y profundizar las reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias”.

Sugirieron “programas amplios de financiamiento que procuren la investigación científica y tecnológica” para garantizar la soberanía tecnológica y “no depender ni de políticas ni de tecnología del Norte global”.

Asimismo, consideraron relevante que “la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético, sin reducirlo a un debate sobre la electricidad, en atención al derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de gestión, como es la generación distribuida”.

Firman el posicionamiento Alianza Mexicana contra el Fracking, Articulación Yucatán, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xiínbal (Yucatán y Quintana Roo), Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (Oaxaca), Colectivo Geocomunes, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (Ciudad de México), Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totnacapan, Corason, Ensenada Resiste (Baja California), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Morelos, Puebla y Tlaxcala).

También se sumaron el Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Energía y Crisis Civilizatorias, La Sandía Digital, Masehual Siuamej Mosenyolchicauani (Puebla), Ostula en Defensa del Territorio (Michoacán), Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Otros Mundos (Chiapas), Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (Veracruz), Red de Resistencia Civil, Servicios para una Educación Alternativa (Oaxaca), y la Sociedad Cooperativa de Trabajadores en Energías Alternativas y Estudios Sociales Onergia (Puebla).