CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoy, días después que Proceso reveló los hallazgos de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el traslado del funcionario como vocal del Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario (IPAB) y lo sustituyó por Félix Arturo Medina Padilla, un personaje cercano a Claudia Sheinbaum Prado.

Entre sus hallazgos, la UIF encontró discrepancias entre la declaración patrimonial de Romero Aranda y los ingresos que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante los últimos 7 años, lo que sugiere “una evasión fiscal”, delito que el propio Romero es el encargado de combatir, como titular de la PFF.

En el mismo comunicado en que la Presidencia de la República anunció el cambio de Romero Aranda, se informó que López Obrador removió a Diana Álvarez Maury de su cargo al frente del Banco del Bienestar –donde enfrentó cuestionamientos por un contrato de 18 mil millones de pesos adjudicado de manera directa a una empresa llamada Bahud Processing–, y la mandó también como vocal del IPAB.

La sustituyó por Victor Manuel Lamoyi Cocanegra, quien fungía como titular de la Unidad de Financiamiento en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); en su lugar, el mandatario nombró a Martha Patricia Jiménez Oropeza en el Insabi, el cual está enlodado en profundos problemas de gestión en el abastecimiento de medicamentos y en el pago a proveedores.

En la edición de esta semana, Proceso reveló que, desde principios de 2021, la UIF de Santiago Nieto Castillo empezó una investigación contra Romero Aranda, a raíz de una denuncia por extorsión que una empresaria hidalguense interpuso contra abogados cercanos al procurador fiscal.

Según la investigación, mientras Romero indicó que compró bienes inmobiliarios por 28.8 millones de pesos entre 2013 y 2020, declaró ingresos por apenas 6.5 millones de pesos en el mismo lapso. Aparte, algunas empresas de las que es socio han deducido de sus impuestos montos superiores a sus ingresos durante los últimos siete años.

El reportaje de Proceso también reveló que, a lo largo del año, dos prominentes integrantes de la llamada Cuarta Transformación tuvieron acceso a la investigación de la UIF. Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la pidió después de enterarse que Romero Aranda había firmado, a espaldas de la SHCP, dos polémicas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El senador Ricardo Monreal Ávila, por su parte, recibió los hallazgos de la UIF en seguimiento a un tema derivado de las empresas de outsourcing de Raúl Beyruti Sánchez. Versiones de prensa señalan los vínculos de su hija, Eldaa Catalina Monreal Pérez, con las empresas de Víctor Manuel Álvarez Puga, otro empresario facturero actualmente prófugo.