CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, denunció complicidad entre autoridades de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para actuar en contra de víctimas de desapariciones forzadas, atribuidas a personal naval, para “deslindar de responsabilidad penal a los marinos”.
    
Luego de que en días pasados se diera a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas concedió un amparo para liberar a 12 marinos, de un total de 45 acusados por la desaparición de al menos 27 personas, Ramos Vázquez dijo que se armó “toda una estrategia jurídica” a favor del personal naval, y responsabilizó de ello al almirante Marco Antonio Ortega Siu, exjefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina; al fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, y al director jurídico de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, Julio César Pulido Segura.
    
Para el defensor, que documentó más de una treintena de desapariciones ocurridas entre febrero y mayo de 2018, atribuidas a integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales, los funcionarios mencionados “han tramado una estrategia institucional para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución”.

Agregó que debido a esa estrategia se “han omitido actos de investigación por espacio de tres años, soslayando evidencia sólida y testigos, (…) insistiendo en criminalizar a las víctimas y relacionarlas con grupos delictivos”.

Ramos Vázquez acusó a Galván Gallardo de instruir a dos agentes del Ministerio Público Federal, Antonio Salcedo Cruz y Lester Bautista Mejía, “para presionar a las víctimas a caer en contradicciones, hostigar a testigos y ocultar evidencias que prueban la participación directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de 2018”.
    
El defensor anunció que en la próxima reunión con representantes del gobierno federal solicitará la renuncia de los funcionarios de la FGR y de la CEAV señalados, porque a tres años de litigio “no hay resultados favorables ni en las investigaciones ni en las búsquedas, todo es una simulación para desesperar a las familias y que se cansen”.
    
Ramos Vázquez destacó que con la liberación de los 12 marinos se corre el riesgo de que vuelvan a cometer violaciones graves a derechos humanos, “como sucedió con Alfredo Reyes Mondragón, quien después de participar en las desapariciones forzadas de Tamaulipas hizo lo mismo en Guanajuato en 2018”.

El presidente del CDHNL emplazó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a pronunciarse públicamente por la decisión del juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, de amparar a los 12 marinos involucrados en las desapariciones que dieron lugar a la recomendación 36VG/2020, que derivó en una disculpa pública encabezada por Encinas.

Por su parte, Georgina Hernández Morales y María Natividad Ballesteros Rodríguez, madres de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Ballesteros Loaiza, detenidos por marinos el 2 de febrero de 2018 y quienes permanecen en calidad de desaparecidos, lamentaron enterarse por los medios de comunicación y no por la CEAV del amparo que benefició a perpetradores de los hechos. 

“Los asesores jurídicos que tenemos de la CEAV no nos informan nada, no nos ayudan en nada”, reprocharon las mujeres al destacar que el viernes 5, cuando los marinos salieron de la prisión del Campo Militar Número Uno, sostuvieron una reunión virtual con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para dar seguimiento a la recomendación 36VG/2020, en la que están consideradas 27 de más de una treintena de desaparecidos a manos de personal naval en 2018.

Por esos hechos están abiertas tres causas penales por las que en abril fueron detenidos 30 marinos y un mes después 15 elementos más, con lo que sumaban 45 procesados.  

De acuerdo con los familiares de las víctimas, el pasado viernes 5 se acordaron 15 puntos de búsqueda entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para iniciar los trabajos este lunes. 

Ante la liberación de 12 de los 45 procesados, Manuela Trinidad Ramírez, madre de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido junto con Marco Antonio Romero Sánchez el 15 de abril de 2018, sostuvo que lo único que buscan los familiares de los desaparecidos es localizarlos y el esclarecimiento de los hechos.
    
“Queremos justicia y queremos que se castigue a los marinos responsables de estas desapariciones; ya basta de tanta impunidad”, dijo la señora Manuela.