CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al ritmo de la Sandunga y ante sillas vacías, mujeres de Nuevo Laredo entonaron una composición que hace referencia a la actuación de miembros de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina en la desaparición forzada de hombres, mujeres y adolescentes, entre febrero y mayo de 2018.

La participación de las mujeres tuvo lugar durante el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de 12 de 27 personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 36/VG 2020 dirigida a la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de Tamaulipas y la presidencia municipal.

En evento que tuvo lugar en la Plaza Primero de Mayo en la ciudad fronteriza, Jessica Molina, esposa de Daniel Trejo, una de las víctimas, sostuvo en nombre de los familiares de los desaparecidos que “una disculpa pública no borra el sufrimiento, pero nos permite seguir caminando con frente en alto, que nosotras dijimos la verdad, que fueron los marinos” los autores de las desapariciones.

Molina destacó que durante más de tres años, en la búsqueda de verdad y justicia, las familias se han enfrentado a una serie de obstáculos, entre ellos sufrir la estigmatización en redes sociales para deslegitimar su lucha.

Al reconocer que el Poder Judicial ha librado órdenes de aprehensión en contra de 30 marinos por su probable participación en los hechos, Molina resaltó que la FGR tiene pendientes por integrar las investigaciones, como el esclarecimiento de las camionetas clonadas utilizadas por el gobierno municipal y marinos para desaparecer personas.

Tras exigir el cese de las campañas de desprestigio contra las familias de las víctimas y sus defensores, de manera particular contra el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, Jessica Molina enlistó los nombres de 13 personas aún desaparecidas: Noé Alferez, Julio César Miramontes, Brandon Nevarez, José Daniel Trejo, Gabriel Gaspar Vázquez, Jorge Domínguez, Juan Carlos Zaragoza, Daniel Gerardo García, Marco, Max Moreno, José Luis Bautista Edgar Alberto Ochoa, Juan Carlos Pérez, Miguel Ángel Rodríguez Frayle,  Margarita Teresa Torres y Simeón Reyes, estas últimas dos personas localizadas sin vida tiempo después de ser desaparecidas por marinos.

En nombre del Estado mexicano, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez urgió a “la autoridad judicial realice un proceso claro, transparente y justo para deslindar responsabilidades y castigar” a los marinos que incurrieron en las graves violaciones a derechos humanos.

Encinas Rodríguez destacó que con el acompañamiento de la CNDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se iniciará el proceso de reparación integral, en tanto que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) continuará el procedimiento para localizar a las 13 personas aún desaparecidas consideradas en la recomendación.

“El objetivo no sólo es saldar la deuda con los familiares de desaparición forzada, se trata de alentar garantía de no repetición, que no vuelvan a ocurrir estos hechos, seguiremos encarando sin dobleces ni simulación, con la firmeza del Estado para mitigarlos y castigarlos y garantizar como Estado los derechos y libertades plasmados en la Constitución, entre ellos el derecho a ser buscado de manera inmediata”, dijo el funcionario.

En representación de la Semar, el responsable de la Unidad de Promoción y Derechos Humanos, Ramiro Lobato Camacho, destacó que en abril del año pasado admitió la recomendación de la CNDH y que un año después, la FGR ejerció acción penal contra 30 marinos por las desapariciones ocurridas entre enero y mayo de 2018.

El funcionario estimó que el evento “es un precedente hacia una estricta vigilancia hacia operaciones navales, en el estricto respecto a derechos humanos”, en el breve mensaje.

“Ninguna palabra podrá redimir el perjuicio que han sufrido las familias de las víctimas”, reconoció el oficial naval al ofrecer una disculpa en nombre de la institución, y prometió “continuar colaborando con las autoridades, agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de la competencia implementando medidas por el bien de México”.

Al oficial de la ONU-DH, Octavio Amezcua Noriega, le correspondió leer las palabras del representante en México, Guillermo Fernández-Maldonado, toda vez que dicho organismo internacional documentó en un primer momento las desapariciones forzadas, que, por su gravedad, ameritaron que el entonces Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitiera una declaración desde Ginebra.

En el mensaje de la ONU-DH se reconoció “el valor y perseverancia con que las víctimas de estos hechos han luchado para conseguir el reconocimiento de estas graves violaciones a sus derechos humanos, con el apoyo de los defensores que les asisten”.

El oficial de la ONU-DH valoró que “a pesar del dolor de la ausencia, de los diversos obstáculos y estigmas que han debido enfrentar en el camino”, las familias recurrieron, incluso, a escarbar en la tierra en busca de los suyos.

El representante de la ONU-DH confió en que la participación de la Semar “siente un positivo precedente en favor no sólo de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, por ser la primera vez que reconocen su responsabilidad en un evento de esta naturaleza, sino también de su contribución a la reparación de las víctimas de las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos y de medidas de no repetición”.

En el evento de reconocimiento de responsabilidad, participaron también representantes de la CNDH, Rosalba María del Carmen Zárate; del gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Monroy Velázquez, y del ayuntamiento de Nuevo Laredo, José Ramón Ibarra Flores.