CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a reparar el daño a familiares de nueve personas víctimas del “uso excesivo de la fuerza que derivó en la violación al derecho a la vida, cometido por elementos militares”, hechos ocurridos en septiembre de 2016. De acuerdo a la recomendación 37/2020, el organismo retomó las denuncias de los familiares de ocho víctimas, quienes señalaron que el 3 de septiembre de 2016, efectivos de la Sedena que se desplazaban en tres vehículos sostuvieron un enfrentamiento con nueve personas que viajaban en una camioneta en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, civiles que perdieron la vida. A esos civiles fallecidos se suma el de otro más que circulaba en el área con su familia, cuando fue alcanzado por una bala en el tórax, impacto que le causó la muerte. La recomendación firmada por Rosario Piedra Ibarra resaltó que a esas ocho familias de víctimas se sumó la de una más, la de un hombre que transitaba por esa carretera cuando fue alcanzado por un impacto de bala en el tórax. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por la CNDH, se acreditó que elementos de las fuerzas armadas que participaron en los hechos “no emplearon la fuerza de manera gradual a través de mecanismos para controlar, detener o restringir los movimientos, tanto de individuos como de vehículos”. Reportaje especial: El Ejército reedita el caso Tlatlaya, ahora en Nuevo Laredo https://youtu.be/KJKpJQOBRAc Se agrega que los militares interrogados por personal de la CNDH señalaron que “no lograron ubicar a los agresores y los propios automovilistas les indicaron el rumbo, que se escucharon detonaciones, en algunos casos sin poder especificar quién disparaba o de dónde provenían las ráfagas o disparos, sin que exista prueba alguna de que su objetivo era la detención o puesta en disposición de las ocho víctimas ante las autoridades correspondientes”. Personal de la CNDH confirmó que “las fuerzas armadas que participaron en los hechos no emplearon la fuerza de manera gradual a través del mecanismo para controlar, detener o restringir los movimientos, tanto de individuos como de vehículos”. En su investigación, el organismo confirmó que “la finalidad del personal castrense conforme al lenguaje usado por la propia Sedena en los diversos informes remitidos a este organismo nacional, fue la de ‘neutralizar’ a los tripulantes del vehículo de civiles, es decir privarlos de la vida y a que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del persona castrense, lo que denota violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza”. El organismo, que dirigió también la recomendación al titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, explicó que durante la investigación se detectó que los peritos responsables de realizar las necropsias de las nueve víctimas, “omitieron documentar diversas lesiones que éstas presentaron y en su carácter de auxiliares de la autoridad ministerial investigadora, incumplieron con la obligación de aportar en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas para la debida integración de la carpeta de investigación” correspondiente, iniciada por la entones procuraduría de justicia estatal. Asimismo, la CNDH estableció que esos funcionarios “obstaculizaron el acceso a la justicia para los agraviados, pues no fue posible contar con datos fidedignos y veraces de investigación para determinar la probable responsabilidad de quienes intervinieron” en los hechos. La CNDH recomendó al secretario de la Defensa Nacional “reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, que incluya indemnización, atención médica, psicológica y tanatológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”, así como colaborar en la presentación de la denuncia de hechos que el organismo presente a la Fiscalía General de la República, para que inicie una investigación contra los militares que intervinieron en los hechos. El organismo también pidió la colaboración de Sandoval González para que apoye en la tramitación de las quejas que el organismo promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y ante el Órgano Interno de Control de la Sedena, en contra de los elementos castrenses, así como de sus cadenas de mando”. La CNDH identificó a once “autoridades responsables”, en cuyos expedientes laborales deberá dejarse constancia de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron. Pidió capacitar a los militares sobre el “Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las Tres Fuerzas Armadas”, así como acreditar el cumplimiento de capacitaciones del “Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas”, además de contar con tres meses para dar instrucción sobre el “Manual de técnicas para el uso de la fuerza y descripción de conductas a realizar por parte de los agentes”, previsto en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. La CNDH pidió al fiscal General de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, “colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de las quejas que se formulen ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos y Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia estatal, en contra de dos peritos; capacitar a todos los peritos adscritos a esa Fiscalía General en materia de derechos humanos y remitir a esta comisión las constancias de aprobación y cumplimiento de los programas de profesionalización y evaluación de conocimientos o competencias de los peritos médicos y criminalistas”. Nota de interés: CNDH envía recomendación a Sedena por la muerte de un civil en Reynosa