GUADALAJARA, Jal., (apro) .- El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) reconoció que tardó casi una década en identificar los restos de Juan Alberto Olmeda, Belmontes, desaparecido el 26 de junio de 2016 en Zapopan, aunque rechazó que el retraso obedeciera a indolencia institucional.  

Las autoridades argumentaron que el cuerpo fue disuelto en ácido y sólo fue posible recuperar pequeños fragmentos óseos con ADN altamente degradado. 

El director del IJCF, Axel Rivera Martínez, explicó que el caso forense comenzó el 1 de julio de 2016, cuando autoridades localizaron nueve tambos con ácido y restos humanos. 

“El primero de julio de 2016 hubo un reporte sobre nueve tambores llenos de un líquido (...) cuando se hace el análisis, estos contienen un ácido y entre este ácido se encuentran restos de personas”, detalló.

De acuerdo con el funcionario, los recipientes fueron trasladados a instalaciones forenses donde personal de química neutralizó el ácido para recuperar fragmentos óseos. Posteriormente, los restos fueron enviados a laboratorios de antropología y genética forense. 

Rivera Martínez sostuvo que el proceso de identificación enfrentó dificultades técnicas debido al daño provocado por la sustancia química. 

“Por la consideración de estar en un medio con un ácido fuerte, el ADN se destruye básicamente; pues esa es la intención de poner un cuerpo en un medio ácido, disolverlo, que no quede nada de él. Entonces, de estos fragmentos que se logran recuperar se empieza a tratar de extraer el ADN, lo cual ha sido bastante complejo”, afirmó. 

Según la cronología oficial, en 2019 el IJCF obtuvo perfiles genéticos parciales; sin embargo, estos no permitieron una confronta concluyente con las muestras entregadas por la madre del joven, Concepción Magaña, conocida como “Conchita”. 

Fue hasta 2023 cuando familiares volvieron a proporcionar muestras biológicas y, con nuevas técnicas y reactivos, el instituto logró completar el cotejo genético. 

El dictamen positivo fue remitido a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas en octubre de 2025. No obstante, el IJCF aseguró que antes de informar a la familia era necesario integrar y revisar el contexto completo del caso para evitar errores, debido a que los perfiles obtenidos estaban degradados. 

El director del instituto también confirmó que no existen restos para entregar a la familia, pues el material óseo utilizado para obtener ADN se agotó durante los análisis periciales. 

“No hay un cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses. Eran fragmentos de hueso muy pequeños de los cuales pudimos obtener ADN y durante este procesamiento ese material se agotó”, sostuvo. 

El caso de Juan Alberto Olmeda, de 36 años, quién fue visto por última vez en la colonia Jocotán de Zapopan, es uno de los ejemplos más visibles de la crisis forense en Jalisco. Durante años, su madre refiere que acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para preguntar por su hijo mientras los restos permanecían bajo resguardo estatal sin identificación concluyente. 

Colectivos de búsqueda han señalado este tipo de casos como parte de una “desaparición administrativa”, fenómeno en el que la falta de coordinación, el rezago pericial y las deficiencias institucionales prolongan la incertidumbre de las familias aun después del hallazgo de restos humanos. 

Madre de desaparecido sospecha irregularidades 

Concepción Belmontes aseguró que mantiene dudas sobre la identificación de los restos óseos que la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses atribuyen a su hijo, Juan Antonio Olmeda Belmontes, desaparecido el 26 de junio de 2016. 

Explicó que las autoridades determinaron la compatibilidad mediante pruebas de ADN realizadas con muestras suyas y posteriormente con muestras de sus dos nietos, hijos de Juan Antonio. Sin embargo, cuestionó que el proceso haya tardado casi una década y afirmó que no está conforme con la manera en que se condujo la investigación. 

Según relató, desde 2023 existía una primera confronta genética compatible, pero las autoridades solicitaron nuevas pruebas familiares para alcanzar una certeza del 99.9 por ciento. El dictamen definitivo se emitió en 2025, aunque, denunció, la Fiscalía tardó otros seis meses en informarle oficialmente. 

Concepción Belmontes señaló que sospecha irregularidades en el manejo del caso, pues asegura que la notificación llegó un día después de que expuso personalmente su situación ante la vicefiscal en personas desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas.  

La madre dijo que, tras años de búsqueda constante en colectivos y fiscalías, considera injustificable que los restos permanecieran tanto tiempo sin identificación plena. 

Belmontes afirmó que, lejos de darle tranquilidad, el dictamen oficial le generó más dudas y dolor, pues durante años mantuvo la esperanza de encontrar con vida a su hijo.  

“Yo quiero una explicación, yo quiero un dictamen a fondo, yo quiero que realmente todas las anomalías que se cometieron... pues quizás no hay una reparación, porque la mera verdad yo siento como mamá que esto no hay una reparación para un daño que hicieron. Lo que yo busco es una verdad, el por qué tanto tiempo estuvieron los restos ahí y no se trabajó”.

La madre de Juan Antonio explicó que los restos óseos fueron localizados en 2016 en el municipio de El Salto y que desde entonces existía una carpeta relacionada, aunque, según dijo, no se dio seguimiento adecuado. 

También informó que la familia analiza realizar pruebas independientes con laboratorios particulares para confirmar científicamente que los restos corresponden a Juan Antonio. “Queremos estar completamente seguros”, insistió. 

Sobre la desaparición, relató que su hijo salió de su domicilio en la colonia Jocotán un domingo de junio de 2016 y ya no regresó. Señaló que era albañil, estaba casado y tenía dos hijos. 

Añadió que continuará exigiendo explicaciones sobre por qué la confronta genética y la identificación tardaron tantos años.