CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Observatorio Nacional Ciudadano, de Seguridad, Justicia y Le­galidad (ONC) consideró que las condiciones de gobernabilidad en México se han deteriorado durante los últimos tres años, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un estudio denominado “Tres años sin gobernabilidad, resultados, ni rumbo fijo en seguridad”, advierte que de las promesas de López Obrador de conseguir la paz, terminar con la guerra contra el narco y regresar el Ejército a sus cuarteles, “ahora tenemos más violencia, más impunidad, menos instituciones para enfrentar la crisis de seguridad y tres veces más efectivos de las Fuerzas Fede­rales en las calles”.

El análisis de los 36 meses de la presente administración federal revela que hay un auténtico deterioro de las condiciones de go­bernabilidad, que es evidente no solo en se­guridad, sino en las facultades legislativas ejercidas por el presi­dente, en la gestión de la crisis migratoria por parte de la Guardia Nacional, en la atención a las víctimas, en la criminalización que se ha hecho de los jóvenes y de los pobres, entre otros.

El director del ONC, Francisco Rivas, lamentó que el presidente de la República no aproveche la mayoría que tiene en el Poder Legislativo como un instrumento de gobernabilidad. Los Po­deres de la Unión, sostuvo, deberían actuar en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en leyes eficientes y se refleje en políticas públicas efectivas.

El estudio destaca que el titular del Ejecutivo federal ha presentado 41 iniciativas ante el Congreso de la Unión, pero solo 6 son las que están relacionadas con asuntos de seguridad pública y nacional.

Dicha agenda legislativa no se orienta al fortalecimiento de las instituciones, sino a dotar de mayor respaldo a la labor de las se­cretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar), en las diversas encomiendas que han recibido desde la Presiden­cia de la República.

Rivas señaló que, con la creación la Guardia Nacional y su distri­bución en 266 coordinaciones regionales, se planteó atender la violencia a partir de algunos criterios locales. Luego, el gobierno optó por atender 17 municipios prioritarios y posteriormente am­plió la lista a 50, tal como ocurrió en el sexenio pasado, desde una visión central y alejada de los actores sociales locales.

“Esta regionalización es altamente reactiva y cortoplacista. Este mes asignaron personal adicional en Quintana Roo y Zacatecas. Las autoridades están ensimismadas con la operación diaria y no ven lo que puede suceder a largo plazo”, indicó.

El informe profundiza en el análisis de las acciones contra delitos específicos como el tráfico de armas, la producción y trasiego de fentanilo, el secuestro, la piratería marítima, el robo de hidrocar­buros y las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Quitan recursos al combate al secuestro

En este sentido, Francisco Rivas destacó la efectividad de las me­didas contra la piratería marítima, pero señaló que, ante el se­cuestro, esta administración ha recortado 31.3% los recursos de la Coordinación Nacional Antisecuestro respecto a lo asignado en su origen.

También alertó sobre el uso de la Lista de Personas Bloqueadas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Es de suma im­portancia, dijo, evaluar los alcances de esta disposición, pues a la fecha se desconoce si esta medida temporal ha resultado en más decomisos definitivos derivado de los procesos penales federales por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El análisis examina las acciones para proteger los derechos humanos, la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la atención a víctimas y la política so­cial. De acuerdo con este informe, no hay evidencia de que exista una aten­ción efectiva a las poco más de 270 mil víctimas de desplazamien­to forzado interno a causa de la violencia.

Según el documento, el programa “Jóvenes Cons­truyendo el Futuro” recibió 40 mil millones de pesos en 2019, 24 mil 958 millones en 2020, 20 mil 600 millones en 2021, y para 2022 se proyecta que recibirá 21 mil 196 millones, lo que representa el mayor recorte presupuestal que ha tenido, a pesar de ser uno de los pro­yectos prioritarios de esta administración.

Francisco Rivas recordó que el discurso presidencial es reiterati­vo sobre el efecto de este programa en la paz, al asegurar que de esta manera evitan que los jóvenes sean reclutados por el crimen, sin embargo, aclaró, la política social no es política de seguridad. Refirió que este programa cambia constantemente de población objetivo lo que dificulta una evaluación rigurosa de su impacto en términos de seguridad.

“Asegurar que la pobreza o la falta de oportunidades llevan ne­cesariamente a los jóvenes a delinquir es una visión incompleta del problema”, señala.

Los factores para que jóvenes se unan al crimen organizado

En el estudio: “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos. Acercamiento a un problema complejo”, señalamos que son varios factores a nivel individual, relacional, comunitario y social los que van sumando vulnerabilidades que orillan a los jóvenes a involucrarse en activi­dades delictivas desde edades muy tempranas”, indicó.

Y fue más allá, al destacar que no se vislumbra un cambio de abor­daje en torno al combate a la pobreza como medida que condi­cione el descenso de la criminalidad. Se entrevé, en todo caso, seguir incrementando el subsidio social revictimizando a la población que vive en condiciones de pobreza, haciendo eco de añejos argumentos de que los pobres por necesidad pueden convertirse en delincuentes, advirtió.

Escasas transformaciones en la FGR

Respecto al desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Rivas condenó que a la fecha haya rendido solo 7 informes en los que se advierten escasas transformaciones de fondo, y más que avances, se han hecho notorios los retrocesos en la arquitectura normativa de la nueva institución.

El presidente asegura que “hay gobernabilidad en nuestro país”, porque “no se ha registrado un desbordamiento social”; que no hay “violencia política”; que "no es lo mismo que pasaba antes y lo puedo probar", y que “se atiende al pueblo”.

Pese a las afirmaciones del presidente, indica que “en estos tres años, el ONC identificó que la gobernabilidad tendió hacia la centralización con tintes antidemocráticos en la ejecución de po­líticas públicas. Esto debería encender las alertas de todos pues el escenario para 2024 no tiene un pronóstico favorable”, concluyó Francisco Rivas.