TOLUCA, Edomex. (apro).- El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, reconoció que en el sur de la entidad existe un problema de gobernabilidad, provocado por la delincuencia organizada y la comunicación de ésta con las autoridades locales.

Durante la comparecencia del funcionario por la glosa del tercer informe, la diputada morenista Violeta Nova consideró que es momento de reconocer que la Fiscalía se encuentra rebasada, y denunció que hace unos días ella misma fue detenida en un retén por un convoy del crimen organizado, en el sur mexiquense.

Ante la denuncia, el funcionario estatal admitió que existe un problema de gobernabilidad en aquella región, pues “varios de los municipios del sur tienen contacto y comunicación con células del crimen organizado”.

Pidió a la legisladora presentar, si lo considera oportuno, la denuncia correspondiente, o proceder por la vía anónima, y aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha implementado una nueva estrategia en esa zona que, desde su punto de vista, ha ido dando resultados.

Sin embargo, justificó que a la dependencia que encabeza sólo le corresponde la investigación y persecución de los delitos, mientras que la seguridad compete a varias instancias de los tres niveles de gobierno, y si bien en la región ya existe el apoyo de corporaciones como la Guarda Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, aún se deben inhabilitar las comunicaciones de esos grupos, impedir su libre tránsito –y que con ello trasladen armas, personas privadas de la libertad, etcétera-- y dificultar sus ingresos.

El fiscal reconoció la operación de La Familia Michoacana (LFM) en el sur del estado; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el norte, y la Unión Tepito y Nuevo Imperio en Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla, pero también hay presencia del Cártel del Sur y algunas células del Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

Algunos grupos del crimen organizado, como LFM o el CJNG, planteó, además incurren en delitos como la extorsión, ilícito que creció durante la pandemia, también asociado a grupos que se hacen pasar por delincuencia organizada, conflictos sindicales, entre rutas, etc., con mayor incidencia en 10 de los 125 municipios, entre ellos Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Nicolás Romero.

Este delito, dijo, ya no sólo se basa en el cobro por derecho de piso, sino en demarcaciones del sur, y ocurre cuando se obliga a adquirir con un solo proveedor ciertos productos básicos. Ambas modalidades, según especificó, han llevado a la detención de 368 presuntos responsables en el último año.