GUANAJUATO, Gto., (apro).- En su visita a  México, integrantes del Comité contra la desaparición forzada de la ONU viajaron a esta entidad y se reunieron con integrantes de los 14 colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes le expusieron cómo la violencia que impera en Guanajuato y la inacción de las autoridades para prevenirla ha ocasionado el incremento sistemático y generalizado de este delito, para el que tampoco ha habido una respuesta satisfactoria de la Fiscalía estatal.

Para los colectivos, la visita del comité mantiene vigente la necesidad de mantener una supervisión y exigencia de los organismos internacionales a las autoridades locales; “es una esperanza para que sigamos caminando en la búsqueda de nuestros familiares y en la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Datos de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato -en un informe que elaboró exprofeso- refieren que la desaparición de personas se incrementó de forma alarmante del 2018 a la fecha, mientras que el porcentaje de localización se redujo, en contraste con la localización de sitios de inhumación clandestina.

A la fecha se registran 2,619 personas desaparecidas, pero más del 50 por ciento corresponden a los tres años recientes.

Sólo en lo que se refiere a las tareas encabezadas por la Comisión estatal de búsqueda desde mediados del año pasado (cuando comenzó a operar dicho organismo) se han realizado 265 jornadas de búsqueda con un total de recuperación de cuerpos de 230 personas, así como un total de 129 bolsas con restos óseos, solamente en 13 municipios.

La Plataforma -en la que participan académicos y activistas que han acompañado a colectivos y familias en los últimos años para la promulgación de las leyes locales de búsqueda y víctimas y en las gestiones ante autoridades- expuso en este diagnóstico que el fenómeno de la desaparición de personas ha sido subestimado e invisibilizado por las autoridades, que fueron omisas y negligentes frente a un problema que fue creciendo y que también impactó a migrantes guanajuatenses en su trayecto hacia los Estados Unidos.

“Guanajuato ha experimentado la expansión territorial y cuantitativa de las desapariciones, así como de los mecanismos y motivos que las permiten y provocan, del tipo y número de actores involucrados, y de los microcontextos locales en que son perpetradas, pues se vive un conflicto entre actores y grupos armados, tanto criminales como estatales o de tipo paramilitar, dentro de una política persistente de militarización de la seguridad pública”, con una presencia también creciente del Ejército y la Guardia Nacional.

La reunión de integrantes del CED de la ONU con integrantes de los colectivos se efectuó el lunes por la mañana en la capital del estado; fue privada.

Participaron los colectivos: Ángeles de Pie de por Ti´; A tu encuentro; Buscadoras Guanajuato; ¿Dónde están? Acámbaro; De Pie Hasta Encontrarte; Hasta Encontrarte; Luz y Justicia; Justicia y Esperanza; Proyecto de Búsqueda; Madres Guerreras de León; Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia; Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos; Una Promesa por Cumplir y Una Luz en Mi Camino.

Por la tarde, los colectivos difundieron un comunicado de prensa conjunto en el que señalaron que en el encuentro expusieron información sobre la crisis en materia de desaparición en el estado, delito en el que en algunos casos se tiene participación activa de autoridades y en otros es cometido por el crimen organizado en colusión con las mismas.

“Frente a ello, la Fiscalía no ha dado respuesta efectiva, omitiendo realizar acciones de búsqueda inmediata, sin brindar información completa respecto de hallazgos en sitios localizados desde hace meses” como en Salvatierra, Acámbaro, El Sauz de Villaseñor y la Presa del Conejo.

A esto se suma, según señalaron, “la entrega deficiente, poco digna y tardía e incluso incompleta de cuerpos y restos óseos identificados”.

También recordaron que la falta de seguridad y protección y las condiciones de inseguridad del estado derivaron en el asesinato de tres personas buscadoras, además de otras familias que han sufrido desplazamiento forzado por temor o amenazas directas.

Al CED le presentaron propuestas para que sean incluidas en sus recomendaciones a las autoridades de los distintos niveles, como la necesidad de que la Fiscalía actúe de forma inmediata ante las denuncias y realice diligencias básicas de búsqueda e informe de manera completa y oportuna a las familias sobre los hallazgos de fosas y sitios de exterminio para garantizar la identificación adecuada y la entrega digna de los restos a las mismas familias.

“También señalamos la necesidad de fortalecer las instituciones de búsqueda y de atención a víctimas aumentando su presupuesto, capacitando a las y los funcionarios, creando las células de búsqueda municipales, realizando búsquedas en vida, inmediatas y diferenciadas incluyendo perspectiva de género, así como asegurar asesoría victimal de calidad y la coordinación entre las diferentes instancias tanto a nivel estatal como federal, en particular entre las fiscalías y comisiones de búsqueda”, informaron.