CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el contexto de la visita del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organizaciones y colectivos que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) alertaron sobre algunos pendientes en el país para garantizar la búsqueda de víctimas y acabar con la impunidad en esta materia. 

A través de un pronunciamiento firmado por más de 70 colectivos de familiares de víctimas con presencia den 22 estados del país y tres de Centroamérica, urgieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a todas las instituciones del Estado mexicano a “cooperar con el CED” durante su visita, “facilitando toda la información que les sea solicitada, sin restricción y de forma transparente”, así como “asumir compromisos claros y precisos, y cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones” del grupo de expertos de Naciones Unidas.

De acuerdo con el balance del MNDM, entre los temas que más urge atender en México, donde hay registradas 94 mil 086 personas desaparecidas o no localizadas, resalta: “una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de búsqueda e investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas”, sobre todo para realizar las búsquedas en vida.

Y puntualizó que en hay 53 mil 004 personas fallecidas sin identificar, y “la gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías”.

De acuerdo con los integrantes del MNDM, el gobierno “debe garantizar la colaboración de todas las fiscalías con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para que éste pueda comenzar a funcionar”.

En materia de justicia, resaltaron que “la impunidad supera el 98% en estos casos”, persistiendo hasta ahora sólo 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas.
 
“Se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades”, destacaron los colectivos al exigir a las fiscalías “verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia”. 

De igual manera, alertaron sobre los riesgos de los integrantes de colectivos de búsqueda de personas, pues al momento se han registrado 12 asesinatos de familiares de víctimas, y otros han sido amenazados e intimidados.

Ante esa realidad, llamaron al gobierno a “reconocer la labor de defensa de derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento, especialmente a través de una política pública integral de protección”. 

Para las familias de víctimas de desaparición, la visita del Comité “es una oportunidad para obtener una visión más amplia, experta, con las mejores prácticas y los más altos estándares internacionales, que permitan mejorar y avanzar en la agenda en materia de desaparición en México en términos de prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación y poder dar garantías de no repetición a este grave flagelo”. 

Firman el pronunciamiento: colectivos de Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Baja California, Sonora, Coahuila, Estado de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca y Puebla, así como organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.