WASHINGTON (apro) – El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la designación como “narcotraficantes significativos” de cuatro presuntos operadores del trasiego de drogas para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el puerto de Manzanillo, Colima.

A través de la Oficina Para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro hace la designación a Aldrin Miguel y José Jesús Jarquín Jarquín, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Sagal Anton.

“Estos cuatro individuos son miembros del CJNG que operan a través del puerto de Manzanillo y aras circunvecinas”, establece el gobierno de Joe Biden, anotando que esta organización criminal es responsable de una parte significativa del tráfico de drogas a Estados Unidos.

La OFAC establece que la identificación de los presuntos operadores del CJNG, fue el resultado de la colaboración en una investigación bilateral entre la Administración Federal Antidrogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México.

“El éxito criminal del CJNG se debe en parte a su influencia en lugares estratégicos como Manzanillo, el puerto de la costa del Pacífico funge como una puerta de entrada significativa para la cocaína colombiana y precursores químicos provenientes de Asia”, apunta Andrea Gacki, la directora de la OFAC por medio de un comunicado de prensa.

El gobierno de Biden hace hincapié en que por Manzanillo el CJNG acopia grandes cantidades de drogas sintéticas que contienen fentanilo sustancia letal que llega a México en su mayoría procedente de China.

“El Departamento del Tesoro está comprometido a continuar trabajando con el gobierno de México para exponer, aislar y desmantelar a los miembros del CJNG que operan en Manzanillo y otros lugares”, agrega la directora de la OFAC.

De los hermanos, Jarquín Jarquín, el gobierno estadunidense los apunta como cabecillas de la célula criminal que opera en Manzanillo y en todo el estado de Colima, junto con Díaz de León Sauceda, “Lobito” y el subordinado de los tres; Zagal Anton.

La OFAC enfatiza que, a Aldrin Miguel, “Chaparrito” y José Jesús, “R32” junto a sus dos secuaces, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana que dirige Santiago Nieto, les congeló sus cuentas bancarias en junio de 2020 por pertenecer al CJNG.

“Fueron designados por proveer a la organización criminal apoyo financiero, tecnológico, bienes y servicios y porque juntos ayudan al CJNG a llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas a través del puerto de Manzanillo y mantienen contacto con los proveedores de cocaína de Colombia”, destaca el Departamento del Tesoro.

Además, la OFAC los liga con Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Entre otros socios de los 4 designados, la OFAC agrega a Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma” y Francisco Javier Gudiño, “La Gallina”, jefes de sicarios del CJNG que han “orquestado asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder”.

De los dos sicarios la OFAC también los menciona como compañeros de otro presunto asesino del CJNG y jefe de plaza en Puerto Vallarta, Jalisco; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.

“Colima y su puerto en Manzanillo es un territorio estratégico para el CJNG utilizando para ejercer la violencia en contra de rivales de la organización en el tráfico de drogas y contra funcionarios gubernamentales”, sostiene el gobierno de Estados Unidos.

Al CJNG, a sus operadores designados y a sus sicarios, el asesinato de un juez federal en Colima, ocurrido en junio de 2020 y destaca que la entidad tiene el índice de homicidios per cápita más alto de México.

Bajo la designación se prohíbe a toda entidad y ciudadano estadunidense a tener cualquier relación personal o empresarial con los afectados, la violación de esta ley implica sanciones que van 1.5 hasta 10 millones de dólares en multas, y sentencias de cárcel de entre 10 y 30 años.

A los designados como narcotraficantes significativos el Departamento del Tesoro les confisca todos sus bienes y congela sus cuentas bancarias que tengan en lugares u entidades y territorios bajo la jurisdicción judicial de los Estados Unidos.