PACHUCA, Hgo. (apro).- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debe aclarar el uso de 380 millones 178 mil 260.71 pesos del presupuesto federal que recibió en 2020, a través de la partida de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.

En la inspección financiera 161-DS, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades en el manejo presupuestal a través de pagos duplicados, emisión de cheques a trabajadores no ubicados en centros de trabajo; que tenían licencias sin goce de sueldo, o que no contaban con los créditos académicos para desempeñar las funciones por las que estaban contratados.

De igual forma, encontró inconsistencias en el pago por consultorías con partidas que no corresponden a esa actividad y en la adquisición de mobiliario.

El monto más alto de los probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal es por 278 millones 218 mil 963.75 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por realizar pagos en exceso en los conceptos de sueldo base, aguinaldo, prima de antigüedad, seguridad social, vivienda y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

La ASF detectó que la UAEH dispuso de un millón 658 mil 630.03 pesos por realizar pagos posteriores a personal que causó baja y a personal con licencia sin goce de sueldo. Además, constató que 14 trabajadores no acreditaron los requisitos académicos para el perfil de la plaza desempeñada; sin embargo, la institución académica les pagó 4 millones 347 mil 216.42 pesos con recursos del PP U006 2020.

Por otra parte, la ASF determinó que la UAEH no cuenta con la normativa que regule los requisitos académicos para 16 categorías de puesto, en incumplimiento de su Estatuto de Personal Académico.

Al revisar una muestra de 130 trabajadores que ocuparon 268 categorías en 83 centros de trabajo, los inspectores identificaron que 58 categorías no coinciden con las reportadas y pagadas en la base de nómina por un monto de 9 millones 14 mil 300 pesos.

Asimismo, de 50 casos, el personal no reconoció las categorías reportadas en la base de datos de la nómina, de los cuales tampoco se presentó evidencia de que hayan laborado; no obstante, cobraron 6 millones 430 mil 300 pesos.

Por otra parte, de 64 categorías, la casa de estudios no presentó la documentación que acredite las actividades realizadas por los trabajadores y, por lo tanto, haber devengado sueldos por 11 millones 52 mil 500 pesos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La universidad también programó pagos por 4 millones 372 mil 104.75 pesos a123 prestadores de servicios profesionales que, a su vez, forman parte de la nómina pagada con recursos del subsidio federal U006 2020; es decir, pagos adicionales a los sueldos y salarios ya entregados.

La ASF igualmente reclama 57 millones 895 mil 115 pesos por realizar pagos en exceso en prestaciones no ligadas, sin contar con la aprobación de su Máximo Órgano de Gobierno Colegiado de la Autónoma de Hidalgo.

Otros 5 millones 786 mil 726.98 pesos fueron observados por destinar recursos del Programa Presupuestario U006 2020 para el pago de servicios de consultoría actuarial del ejercicio fiscal 2019; pago de servicios de honorarios por la escrituración de un inmueble, y por la adquisición de pupitres que fueron registrados en el capítulo 2000 y que de acuerdo con el Clasificador por objeto del gasto corresponden al capítulo 5000.

Estas erogaciones, expuso la ASF en su dictamen, no están autorizadas en el Anexo de Ejecución 2020 y, por lo tanto, tampoco alineadas a los objetivos del programa.

En la causa penal 263/2020, cuyo principal imputado es el exrector Gerardo Sosa Castelán, la Fiscalía General de la República (FGR) refiere que el grupo identificado como La Sosa Nostra dispuso de dinero de la UAEH para transferirlo a cinco empresas fachada y una creada por un testaferro del exrector. El dinero, con base en la imputación, terminaba en cuentas del jefe político, sus hijas Ana Carmen y Adriana Sosa Cravioto, así como personeros.

Sosa Castelán fue detenido el 31 de agosto de 2020, año en el que la ASF presume las posibles irregularidades. En ese momento, el político hidalguense fungía como presidente del Patronato Universitario, que por estatuto está a cargo del manejo financiero de la institución. Tras ser aprehendido, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fue vinculado a proceso.

Por otra parte, la UIF mantiene congeladas seis cuentas de la UAEH por presunto lavado de dinero, al recibir, de acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de este organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una alerta del sistema financiero internacional y solicitud de colaboración del gobierno de Estados Unidos para investigar a Sosa y su estructura política y financiera asentada en la Autónoma de Hidalgo.