CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La conductora de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia y buscada por la Interpol, registró su nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el fin de obtener ganancias por ofrecer diversos productos.

El registro es para ofrecerlo en servicios educativos, deportivos, de entretenimiento, culturales, jurídicos y para comercializar joyas, prendas de vestir, calzado y sombreros, de acuerdo con una nota de El Universal.

Según el diario, en el expediente 2222491 se detalla que la influencer presentó su solicitud ante el IMPI el 18 de junio de 2019. El 7 de noviembre de ese año, el Instituto le entregó la concesión por 10 años, hasta el 18 de junio de 2029, para la comercialización de servicios jurídicos, de seguridad para la protección de bienes materiales y personas, así como servicios personales.

El registro permite a la marca Inés Gómez Mont ofrecer “servicios sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales”, de acuerdo con el diario.

La nota añade que, según el expediente 1315585, Gómez Mont presentó el 9 de octubre de 2012 otra solicitud y cuatro meses después se le entregó la concesión de marca por 10 años para comercializar su nombre en metales preciosos y sus aleaciones, como productos elaborados con estos minerales o chapados, y en artículos de joyería, bisutería, relojes e instrumentos cronométricos.

En otros dos expedientes, los 2222489 y 2222490, de 2019, la conductora registró su nombre completo para ofrecer servicios educativos, de entretenimiento, actividades deportivas, culturales y prendas de vestir, calzado y sombreros, añade el diario.

También refiere que la Fundación Inés Gómez Mont buscó en 2017 la concesión para la marca y logotipo, que el IMPI rechazó en un principio, pero que al final otorgó.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, ya son buscados en 194 países por la Interpol, a solicitud de las autoridades mexicanas, La orden de captura es por los delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

La conductora y Álvarez Puga están acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, entre otros cargos.