LEÓN, Gto. (apro).- En medio de las fuertes críticas por su desempeño, familiares de un alto ejecutivo bancario, quien en 2015 falleció en circunstancias que nunca fueron suficientemente aclaradas, denunciaron a la Fiscalía General de Guanajuato y su titular, Carlos Zamarripa Aguirre, porque desde un principio cerró el caso como un suicidio, pese a las reiteradas peticiones para esclarecer lo que en realidad pudo ser un homicidio.

Cuestionado de manera reiterada desde el último año por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal Zamarripa enfrenta una demanda por responsabilidad patrimonial en calidad de daño, exigida por la familia del directivo bancario, que se dice gravemente afectada por la negativa de la Fiscalía para reactivar el caso ante omisiones detectadas y la información que ha logrado obtener con el apoyo de peritos externos.

Pero, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del estado, una demanda de ese tipo contra la Fiscalía estatal, en su calidad de organismo autónomo, debe ser admitida y resuelta por la propia Fiscalía.

Jorge González Topete, entonces director de banca privada en Banamex, en la División Centro, murió en un hotel en León, el 19 de noviembre de 2015. La Fiscalía dijo que el hombre había entrado a una de las habitaciones, que primero se drogó con una estopa con thinner (un solvente) y después preparó una combinación de pesticida y raticida y lo ingirió voluntariamente, por lo que falleció por envenenamiento.

Tras la pronta conclusión del supuesto suicidio, la Fiscalía autorizó, también con rapidez, que se dispusiera del cadáver y fuera cremado, lo que no autorizaron sus deudos directos, sino familiares en segundo grado. Esto impidió una investigación más acuciosa, como lo han exigido la esposa e hijas del fallecido estos años.

Un cúmulo de preguntas quedaron sin responder para la viuda de González Topete, Laura Elena Díaz Infante González, quien buscó al fiscal.

Carlos Zamarripa conoció a la pareja al compartir en más de una ocasión el palco de un amigo en común, en el estadio de futbol del León, donde se les vio públicamente departir durante algunos partidos que presenciaron, contó ella misma en entrevista.

En esas ocasiones también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca.

Laura Elena Díaz acudió a entrevistarse con el fiscal aproximadamente dos meses después de que su esposo murió. “Lo vi en Silao en el C5 (Centro de Comando, Control, comunicaciones, Cómputo e Inteligencia del gobierno estatal), llegó con otro hombre que después supe que era Joel Romo (entonces subprocurador de justicia en León)”, quien le insistió en el suicidio de su esposo, “pero Zamarripa ni siquiera me volteó a ver, se levantó de repente y se fue”, recuerda.

Allí mismo, Joel Romo le entregó los dos aparatos celulares que le encontraron a su esposo al morir, los cuales ni siquiera habían sido revisados por los peritos. “No los habían podido desbloquear, me dijeron”.

Laura --con conocimientos de homeopatía, práctica que ejerció hasta poco después de la muerte de su esposo-- nunca creyó en la conclusión oficial del suicidio. “Imagínate cómo queda un quemado por un veneno, un pesticida y raticida, entonces pues yo dije: ‘están locos’, cómo iban a encontrarlo así”. Ello, al recordar que Jorge fue hallado acostado en la cama de la habitación del hotel, con un gesto tranquilo.

No consiguió que la Fiscalía moviera un ápice para continuar la investigación, pero ella contrató a un perito independiente, quien al revisar los informes forenses le dio una información completamente distinta: le dijo que su esposo había sido asesinado, asfixiado.

“El perito criminólogo concluyó que realmente lo ahogaron, (el veneno) le entró por una sonda, le metieron una sonda cuando ya estaba muerto, por eso la sangre nunca lo absorbió. ¿Entonces cómo se atrevieron a decir que se drogó y que drogado se echó el pesticida y por eso se envenenó?”, dice la esposa.

De hecho, el acta de defunción establece como causa de la muerte un edema pulmonar. “No dice envenenado, que es lo que a mí la Fiscalía me sostiene”.

Laura no volvió a hablar con el fiscal; asegura que le cerraron todas las puertas y califica de absurda la causa de la muerte asentada por los peritos forenses de la Fiscalía. Para ella y sus hijas, dice, es necesario tener la verdad. Y, ante la posibilidad de que su esposo fue asesinado, acceso a la justicia.

“Se ha dicho mucho sobre Jorge y las causas del supuesto suicidio; se habló de que hizo fraude, pero no hubo una investigación que lo involucrara, ni se encontró un peso sin explicar. Queremos aclarar todo en su nombre. Nosotras queremos saber realmente qué le pasó”.

Pruebas ausentes

Por la muerte de Jorge González Topete se inició la averiguación previa AP26597/2015, todavía en el sistema penal tradicional que seguía vigente en León en ese entonces.

El abogado José de Jesús Ortega de la Peña, exmagistrado federal y representante legal de la familia del exdirectivo bancario, explica que ha encontrado negligencia y una inexplicable negativa de la Fiscalía para desahogar una línea de investigación por homicidio en el caso de González Topete.

“Debió haberse investigado primero con todos los estudios criminológicos, químicos y médicos para ver realmente qué había pasado; debió haberse hecho una reconstrucción de hechos, debió haberse visto todo ese cuadro, el trayecto que había tenido la persona, tanto en el hotel como para llegar al hotel; debieron haberse tomando huellas dactilares” y fundamentalmente, menciona, “no debió haberse incinerado, la Fiscalía no debió permitirlo”.

Además, ante la resolución como suicidio, tampoco se realizó un levantamiento topográfico del lugar de la muerte. Y, peor aún, en investigaciones a cargo de peritos contratados por la familia se detectó un dato falso incluido en uno de los informes de la Fiscalía: “había un croquis falsificado… una puerta de la habitación fue marcada como un closet y eso sirvió para afirmar que la persona se encontraba sola y nadie pudo entrar a la habitación hasta su muerte, cuando en realidad la puerta comunicaba con una habitación contigua”.

De acuerdo con el abogado, en los peritajes externos “se contradice lo que señalan de que (Jorge) estaba solo; demostramos que no, con huellas dactilares y ADN. Lo que yo te digo es que todo estaba tan perfectamente acomodado y él como si estuviera perfecta y plácidamente dormido. Según el médico, el rictus de dolor hubiera sido impresionante y no lo tenía, por los informes revisados. No había vómito ni nada de lo característico de una persona que sufre una intoxicación o envenenamiento como el que se dijo”.

También menciona que en el dictamen de telecomunicaciones que tuvieron que encargar, “porque la Fiscalía ni los teléfonos de Jorge revisó”, encontraron dos llamadas que salieron de uno de los dos aparatos celulares de la víctima y se hicieron después de la hora de su muerte.

“No se dio seguimiento a las llamadas, no se investigó con quién habló, no hicieron nada ahí tampoco”.

Los peritos contratados por la familia también pidieron revisar la ropa que Jorge usaba cuando murió. Y se encontraron con que no se cuidó la cadena de custodia de la misma, además de que su ropa interior “se la quitaron y la quemaron”.

Mucho menos hubo atención al registro de grabaciones en cámaras de videovigilancia, tanto del hotel como de puntos cercanos, expone el abogado.

Para colmo, Laura Elena no pudo ni recibir el cuerpo de Jorge; fue un sobrino de la familia el que lo recibió y de inmediato se le dio a firmar la orden de cremación, a lo que la funeraria procedió con rapidez.

“La crueldad, la indiferencia que hemos vivido mis hijas y yo, que nadie nos explique nada, nos diga nada, que no investiguen nada… el problema ha sido la Fiscalía”, reclama la mujer.

El abogado añade que el expediente “se extravió” en el Ministerio Público durante varios meses. “Reapareció después de que se interpuso una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos”.

Se solicitó al área de comunicación de la Fiscalía información sobre este caso y el proceso de la demanda en contra de la institución, pero no fue proporcionada.

Además de que la investigación por la muerte de González Topete sigue paralizada prácticamente desde su inicio, hace casi seis años, la Fiscalía General del estado también ha tardado cerca de dos años en resolver la demanda por responsabilidad patrimonial en su contra, interpuesta a fines de 2019.

“Me ha llamado la atención la pasividad de la Fiscalía; pensé que cuando presentamos la demanda iba a ser un detonador para que hicieran algo con el caso, pero no. Entonces los estamos demandando por no buscar, que asuman el costo de lo que no han hecho. Le estamos diciendo a la Fiscalía ‘tú tienes responsabilidad por Laura y sus hijas porque no has hecho nada’”, concluye el abogado.