CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) repudió el decreto que firmará el gobierno federal para regularizar los “autos chocolate”. Es “dar un cheque en blanco” a la delincuencia y convertir a México en “un basurero automotriz”, apuntó.

“Para Coparmex la regularización de ‘autos chocolate’ anunciada por el presidente representa premiar a la ilegalidad. Es un atentado contra las empresas y los empleos en México en un afán de conquista de simpatías o aprobación política”, señaló en un comunicado el organismo presidido por José Medina Mora.

Destacó que no es un tema nuevo, ya que a la fecha se acumulan 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo que comprende de 1979 a 2011, y hoy en día, de acuerdo con el decreto emitido por la presente administración --por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2020--, es factible importar un vehículo usado.

Hoy quien cumple con lo estipulado, añadió, puede introducir legalmente un auto a México, aunque el problema radica en el ingreso ilegal, que además de representar un acto de evasión fiscal, es un delito a través del cual se benefician organizaciones criminales, grupos que promueven la corrupción e incluso la comisión de otros delitos mediante la utilización de esos vehículos.

La Coparmex alertó que la legalización indiscriminada es un golpe al sector automotriz en uno de sus momentos más adversos.

De enero a septiembre 2021 se han vendido en el mercado nacional 757 mil 846 vehículos ligeros, cifra que está 20.7% por debajo de los niveles registrados en enero-septiembre de 2019.

Por su parte, la producción total de vehículos ligeros está 23.8% por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia, y tan solo la producción registrada en septiembre de 2021 fue la más baja para un mes similar desde 2010.

En ese contexto, pese a la dinámica de recuperación de Estados Unidos, el sector automotriz ha experimentado una serie de afectaciones que han ralentizado su recuperación, entre las que destacan el incremento del precio de materias primas como el acero, y el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global, así como los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por otro lado, la disposición representa un riesgo para los casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo; muchos de ellos se verían en riesgo de desaparecer, dada la posible contracción del mercado interno.

Según el organismo patronal, una medida así afectaría las finanzas públicas por una caída en la recaudación, puesto que, por un lado, ante los recortes en la producción que se tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales, los fabricantes dejarían de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además, habría una contracción en la captación del Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN), que es un gravamen que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y que en 2020 logró recaudar poco más de 11 mil millones de pesos por este concepto.

El decreto tendrá un impacto en el medio ambiente y la seguridad de las personas no puede ser ignorado, apuntó la Coparmex.

“Con este decreto se alienta la introducción de automóviles al país que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes. De igual manera, al ser vehículos de desecho o con antecedentes de siniestro en su país de origen, no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular, como son frenos de seguridad ABS, bolsas de aire o sistemas de retención infantil”, advirtió.