CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A tres años de la entrada en vigor de la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el responsable de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, alertó del retroceso que significaría para las víctimas de ese flagelo aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con motivo de la conmemoración de la legislación, Fernández-Maldonado llamó a su implementación en todo el país, así como a la coordinación institucional, como lo instruye el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, surgido de la Ley General.

“La búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal de esta grave violación a los derechos humanos son actividades íntimamente relacionadas que requieren un nivel de cooperación y coordinación profundos entre organismos y agencias del Estado en los tres órdenes de gobierno”, tal como lo establece la Ley General, dijo el funcionario de ONU-DH.

Entre los retos más importantes, Fernández-Maldonado resaltó el de “prevenir cualquier retroceso en la normativa garantista alcanzada en México”, como podría ser aprobar “la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”.

Ante el riesgo de retroceso, el representante de la ONU-DH recordó que el 8 de diciembre pasado instó al Senado de la República a “evaluar con detenimiento este tipo de iniciativas, en plazos adecuados y mediante un proceso que incluya una amplia participación de colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones acompañantes y expertos académicos”.
    
Otros retos a superar tres años después de la entrada en vigor de la Ley General son “la aprobación de legislación armonizada en las entidades que aún no lo han hecho y el fortalecimiento institucional de los organismos de búsqueda e investigación, tanto en el nivel estatal como en el federal, para que cuenten con todos los recursos necesarios para operar de manera eficaz ante las más de 82 mil personas registradas como desaparecidas”.

Fernández-Maldonado reconoció “los esfuerzos realizados para garantizar la protección de los derechos de las personas desaparecidas en el contexto de la pandemia causada por el covid-19”, como la publicación del acuerdo firmado por las secretarías de Salud y Gobernación, por la que se obliga a identificar plenamente los cuerpos fallecidos por dicha enfermedad, y los “Lineamientos de Manejo General y Masivo de Cadáveres por covid-19”, encaminados a “garantizar los derechos de las personas fallecidas y de las familias e impedir que se produzcan nuevas desapariciones”.
    
El funcionario de ONU-DH también elogió la publicación de los “Lineamientos para el desarrollo de acciones de búsqueda en campo en el contexto de la pandemia por SARS-Cov-2 (covid-19)”, dispuestos para continuar con las acciones de búsqueda de personas desaparecidas durante la pandemia, en tanto que el año pasado se avanzó en la constitución del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Al destacar los avances en la armonización legislativa alcanzados en varios estados durante los últimos meses, el representante alentó al Congreso de Jalisco a aprobar lo más pronto posible “la ley de declaración de ausencia, elaborada en el marco de un proceso participativo con colectivos de familiares de personas desaparecidas, instituciones académicas y organizaciones”, quienes alcanzaron una redacción que “incluye aspectos que superan los estándares de protección establecidos en la Ley General”.
      
El organismo refrendó su compromiso “de seguir brindando asistencia técnica al Estado para la implementación de la Ley y acompañamiento y apoyo a víctimas y familiares de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que los acompañan para que esta Ley se traduzca en un efectivo ejercicio de sus derechos humanos beneficiando así a toda la sociedad en su conjunto”.