CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entramado de leyes que semejan un “Frankenstein”, la operación de “chipotes” institucionales y la falta de coordinación en diferentes niveles de gobierno, sin alcanzar verdad y justicia para miles de familiares de desaparecidos, fueron algunas de las consideraciones expuestas durante el foro virtual “México y sus 73 mil 224 desaparecidos”, organizado por el Colegio de México. El foro, que se llevó a cabo dentro del Seminario de Violencia y Paz, dirigido por el investigador Sergio Aguayo, contó con la participación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, el académico de la Universidad Iberoamericana Jacobo Dayán y la historiadora Alicia de los Ríos, hija de la integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del mismo nombre, detenida y desaparecida en marzo de 1978. Durante el evento, la comisionada resaltó el esfuerzo en la construcción del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), presentado la semana pasada y que ya había sido consultado por cerca de 14 mil personas. Karla Quintana reconoció que el RNPDNO es “una herramienta en construcción” que es perfectible y depende del suministro de información que le faciliten las fiscalías de los estados, por lo que sugirió discutir sobre las competencias de las entidades federativas y sus responsabilidades en el registro. Al puntualizar que como encargada del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es responsable de resguardar los datos personales de más de 178 mil personas consideradas en el RNPDNO, Quintana reconoció que “la desaparición forzada no cesa con este periodo histórico de la llamada guerra sucia; al margen de lo que digan las fiscalías, sabemos que continúan las desapariciones forzadas”. Para la funcionaria, “la deuda del Estado mexicano en temas de desaparición y el gran reto es cómo hacer funcionar el engranaje de manera conjunta (…) y vincularlo con lo que tenemos, con las leyes que, hay que decirlo, son un Frankenstein”. La comisionada destacó que persisten las inconsistencias entre la Ley General de Víctimas, La Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, así como los artículos constitucionales primero y 21, además del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que “cada quien escoge la interpretación que considera la correcta o la conveniente”. Se debe discutir “la fragmentación” del sistema judicial para la atención de víctimas y de búsqueda de personas desaparecidas, así como dar seguimiento a “mega causas”, igual que ocurre en países como Guatemala, Chile o Argentina, porque las desapariciones “se siguen investigando como casos individuales, cuando sabemos que la gran mayoría son casos contextuales”. Tras destacar que las leyes de desaparición y de víctimas deben ser revisadas y discutir sobre el derecho humano a ser buscado, Quintana puntualizó: “No se puede disociar la búsqueda con la investigación, con el derecho de acceso a la justicia, tenemos que dar esa discusión académica, pero práctica, porque lo que quieren las familias es saber dónde están las personas, que demos resultados como Estado mexicano”. Según la funcionaria, más allá de “la falta de información y sistematización de las fiscalías, se puede pensar en el ocultamiento de información”; no se tiene claridad de “a quiénes considera la ley como personas desaparecidas”. Añadió: “No sólo es la desaparición forzada y la desaparición por particulares, sino un universo mayor, y el protocolo de investigación de la Fiscalía General de la República sólo está dirigido para las fiscalías de desaparición forzada o particulares, que no es ni el 20% de los desaparecidos en el país; si no contextualizamos, difícilmente se va a dar respuesta”. En su oportunidad, Jacobo Dayán consideró que en la contabilidad de las personas desaparecidas no sólo deben considerarse los más de 73 mil incluidos en el RNPDNO, sino también las personas que fueron localizadas con vida y los muertos, lo que implicaría elevar la cifra a más de 80 mil, toda vez que “quienes fueron localizados pudieron haber sido víctimas de desaparición”. El académico consideró que en el país hay “dos chipotes”: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la CNB, pero “no hay claridad quién atiende realmente a las víctimas”. Consideró que, ante las falencias de las instituciones formales, la manera en que debe darse respuesta a los familiares de las víctimas de desaparición es a través de mecanismos extraordinarios, como lo sería una comisión de la verdad. “Lo que hemos decidido en México es no entrar al problema de fondo”, de ahí que los “dos chipotes”, encargados de atender a víctimas de violencia y de violaciones a derechos humanos, “sufren relacionándose con las instancias ordinarias, cuando tendrían que estar trabajando de la mano de ellas”. Alicia de los Ríos cuestionó que la desaparición de personas sea presentada en el RNPDNO en dos periodos, antes de 2006 y después de ese año, “sin considerar los contextos, el motivo de las desapariciones, desconociendo el contexto de las violencias en los casos”. Pese a que en el discurso para presentar el instrumento el gobierno federal ha insistido en el trato “digno” a las víctimas y a sus familiares, se continúa sin atender a quienes participan en plantones, “se sigue respondiendo a un trato diferenciado, que ha causado fracturas al interior de los colectivos”, abundó. De los Ríos resaltó que persiste “una descoordinación” institucional y la ausencia de “un plan integral encaminado a crear una política de esclarecimiento, justicia y no repetición”. La historiadora e integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) consideró, como parte de las deficiencias del sistema de búsqueda, no distinguir que hay familiares que buscan a sus parientes en fosas y otros que no, porque saben que desaparecieron en instalaciones gubernamentales, como el Campo Militar Número Uno, donde fueron vistas por última vez muchas personas desaparecidas durante la llamada “guerra sucia”. Y urgió en la necesidad de “abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para entender la lógica de la desaparición forzada en el país. Si queremos conocer de los desaparecidos de la guerra sucia tendríamos que ir buscando en el Campo Militar Número Uno”, recalcó. La activista alentó a las autoridades encargadas de atender a las familias de víctimas de desaparición a entender que “están tratando con comunidades distintas, aunque homologadas por la tragedia”. De los Ríos Merino precisó que para poder avanzar en el problema de los desaparecidos en México es primordial “la voluntad política, el deseo de llegar a algo, y eso se tiene que reflejar en los profesionales contratados para atender a la población, y en el presupuesto que se destine para su atención”.