CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, manifestó su preocupación por las inconsistencias en la reforma judicial que fue aprobada en el Senado y se discute en la Cámara de Diputados.

Lo anterior, de acuerdo con una carta que envió al gobierno de México y que hizo pública este miércoles el senador Germán Martínez, de Morena.

En la carta, fechada el pasado 30 de noviembre, el abogado García Sayán indica que el conjunto de iniciativas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia, aun cuando fortalecen en parte la administración de justicia, “presentan potenciales inconsistencias frente a estándares internacionales sobre independencia judicial”.

El relator de la ONU recuerda al Estado mexicano que, en su último examen periódico sobre México de febrero de 2019, el Comité de Derechos Humanos ya había manifestado sus preocupaciones y recomendaciones sobre iniciativas legislativas previas que podrían afectar la independencia judicial.

Por ello, recomienda al gobierno tomar “medidas inmediatas” para proteger la plena autonomía, independencia, imparcialidad y seguridad de los jueces, magistrados y fiscales. 

Además, señala que antes de proceder a una discusión estrictamente parlamentaria, se debería llevar a cabo una amplia discusión nacional para que se garantice la participación de magistrados y jueces, así como sociedad civil en la construcción del proyecto de reformas. 

Otro de los temas que llama la atención del relator son los cambios bruscos de adscripción, ya que, según manifiesta, podrían atentar contra principios de estabilidad en el cargo, enfatizados en la resolución del Consejo de Derechos Humanos que alienta a los Estados, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas.

“Dada la amplia extensión territorial de México, un cambio de adscripción de distrito o de circuito judicial lleva implícito un cambio en el proyecto de vida personal, profesional y familiar, que requiere un proceso de asimilación temporal para realizar los ajustes económicos y logísticos necesarios, lo cual amerita una resolución razonada que respete el principio de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad”.

A su vez, Germán Martínez envió una carta al relator especial para informarle que la reforma fue redactada exclusivamente por la oficina del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y que, pese a su esfuerzo, como coordinador de los trabajos, por organizar “auténticos” foros de Parlamento Abierto sobre el tema, incomodaron al presidente de la Suprema Corte y “no permitió la deliberación abierta y plural”. Por ello, dijo, declinó en la encomienda de seguir coordinando los trabajos para dichas reformas.

El senador manifestó que comparte la preocupación del relator sobre el atentado que implica la reforma contra el principio de independencia judicial establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en contra de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptados por la ONU desde 1985.

“No creo en una monarquía judicial. Si quienes tienen la encomienda de controlar el poder desde los cauces de la Constitución no se autocontrolan, nuestra eficiencia juzgadora está en riesgo, y también, si quienes ostentamos la representación de la Nación, nos sometemos a paraísos prometidos desde otro poder o sucumbimos al servilismo, la división democrática del poder está en duda”, expresó en su carta el legislador morenista.