CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una regulación sobre la presencia de agentes extranjeros es el objetivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La razón: no existe un marco legal que regule el tipo de cooperación de las agencias de inteligencia y seguridad que operan en México.

El presidente López Obrador, quien ha sido crítico de las acciones de agencias como la DEA desarrolladas en sexenios pasados, justificó así la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió al Senado de la República, luego de varias semanas de expresiones sobre los acuerdos extraoficiales, destacadamente, el operativo que salió de control desperdigando armas en México, conocido como “Rápido y Furioso”.

Sin embargo, tanto el presidente como el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguraron que no hay dedicatoria.

De hecho, Ebrard fue explícito en afirmar que no es una iniciativa hecha en torno a las agencias estadunidenses como la DEA o el FBI o un país en específico, sino para todos los agentes extranjeros con representación diplomática en México.

Las críticas, realizadas por el mandatario durante los días de noviembre desde la detención y posterior acuerdo de repatriación a México del general Salvador Cienfuegos --quien fue secretario de Defensa en el sexenio pasado--, detonaron la polémica con la presentación de la iniciativa en días pasados.

“Hay una iniciativa en este sentido para normar la relación, porque no existe un marco legal claro sobre la cooperación. En otros países hay reglas, hay normas de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos (para) realizar en su territorio”, dijo.

La cuestión es que exista un área del Ejecutivo que conozca sobre las diferentes acciones de las agencias, que según el mandatario tienen relaciones con todas las secretarías de Estado sin que se sepa el tipo de misión que se lleva a cabo.

Luego, sobre la iniciativa añadió: “es poner orden”.

Ebrard Casaubón explicó que la propuesta de reforma tiene tres elementos sustantivos: se trata de codificar, es decir, normar, las obligaciones y limitaciones de agentes extranjeros que ya existen en ordenamiento jurídicos, peor carecen de reglamentación.

Además, en un segundo aspecto, se refirió a un principio de reciprocidad, en el sentido de que aquello que se exigiría a los agentes acreditados por la diplomacia sería idéntico a lo que se pide a un agente diplomático mexicano en otro país.

Y finalmente, expuso, que todo acuerdo de las agencias sean del conocimiento del Ejecutivo Federal, es decir, que no pueda haber convenios o acuerdos con estados o municipios sin estar en conocimiento del gobierno central.