CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La repatriación sin cargos por narcotráfico del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, fue el resultado de un amago por parte del gobierno mexicano a su homólogo estadunidense, derivado de la indignación provocada por la detención del militar de alto rango sin avisarle al Gobierno de México.

En esa versión coincidieron los diarios tradicionales, The New York Times y The Washington Post, así como la revista alternativa Vice World News, pues publicaron que, según versiones de funcionarios estadunidenses, México amenazó con expulsar a los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) si no se retiraban los cargos contra el general.

“Desde el momento en que los federales estadunidenses arrestaron al ex secretario de Defensa mexicano hubo indignación en los niveles más altos del gobierno mexicano por no haber estado al tanto del caso. Lo vieron como una afrenta, una traición, una violación atroz de la confianza entre los aliados”, informó The New York Times, en una nota fechada el 18 de noviembre.

En la nota firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff se citó a “tres personas con conocimiento del asunto” para revelar una advertencia “sin precedentes” hecha por el gobierno mexicano a Washington:

“Si Estados Unidos no reconsideraba el caso contra Salvador Cienfuegos Zepeda, México consideraría expulsar de país a los agentes antidroga estadunidenses, lo que pondría en riesgo una alianza de décadas que ha servido para llevar a varios narcotraficantes ante la justicia”, explicó.

Desde su perspectiva, esta amenaza “pareció dar resultado” porque el miércoles 18, a pedido del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, una jueza federal en Brooklyn, Carol B. Amon, desechó formalmente los cargos contra Cienfuegos Zepeda, un general retirado del Ejército.

Reveló que en una carta enviada por los fiscales a la jueza reconocieron el desistimiento de los cargos por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” y mencionó, además, que Seth DuCharme, fiscal en Brooklyn admitió en la audiencia en Nueva York que con esta decisión se busca proteger “la relación de Estados Unidos con México”, en cuanto a asuntos de seguridad conjunta se refiere.

En respuesta, la jueza Amon dijo: “No tengo ninguna razón para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades mexicanas desean sinceramente continuar con una investigación y un posible procesamiento de este acusado. No hay indicios de que está solicitud se esté haciendo de mala fe o que aceptando el razonamiento del gobierno sea contra el interés público”.

Señaló que “según dos personas con conocimiento del asunto”, después del arresto de Cienfuegos Zepeda se reunieron altos funcionarios de ambos gobiernos y “la sensación no era que Cienfuegos debía ser liberado de las acusaciones, sino que las fuerzas del orden estadunidense habían traicionado su confianza al no informar a México sobre una investigación de un personaje de tan alto perfil”.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba “especialmente furioso ante lo que percibía como una violación a la soberanía de México”, ya que “los iracundos funcionarios militares mexicanos presionaron al gobierno para tomar medidas”.

Para The Washington Post, “la extraordinaria decisión de liberar a Cienfuegos luego de que una investigación estadunidense de alto secreto a largo plazo supuestamente reveló sus vínculos con el hampa criminal de México es un giro inesperado en uno de los casos de tráfico de drogas de más alto perfil en las últimas décadas”.

“Los funcionarios mexicanos no se han comprometido a juzgarlo a su regreso”, destacó la nota firmada por los periodistas Kevin Sieff, Mary Beth Sheridan y Matt Zapotosky, fechada el 17 de noviembre.

Señaló que los fiscales estadunidenses pidieron que se desestimaran los cargos en Estados Unidos con la posibilidad de que pudieran volverlos a presentar, pues confiaron que las pruebas contra el general son “sólidas” y que la solicitud se hiciera formal hasta que los alguaciles estadunidenses pudieran repatriarlo.

Para Vice World News, “el movimiento asombroso y sin precedentes reveló una crisis diplomática entre los países vecinos y mostro hasta dónde está dispuesto a llegar México para proteger a un alto funcionario militar de la persecución de Estados Unidos”.

También citó a un funcionario de las fuerzas del orden público estadunidense que no está autorizado para hablar en público pero que les dijo que la amenaza de expulsar a la DEA de México era “exagerada”, pero debía ser tomado en serio y confió que el Departamento de Justicia lo arregle porque no pueden hacer negocios así. Y admitió: “Estamos avergonzados. Estamos avergonzados”.

Asimismo, señaló que el canciller Marcelo Ebrard había dicho el martes que solicitó pruebas contra Cienfuegos Zepeda a Estados Unidos y se las entregaron el 11 de noviembre, por lo que están revisándolas en la Fiscalía General de la República (FGR) para decidir cómo proceder.

Destacó que se acordó devolver a Cienfuegos Zepeda a México bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Y citó a otro funcionario policial estadunidense familiarizado con el caso, quien aclaró que esta decisión no es por falta de pruebas. “Para ser claros –sentenció--, es muy corrupto”.

No obstante, expresó: “Espero que haya un chivo expiatorio en algún lugar de la cadena que esté involucrado en esto. Será alguien que no tuvo influencia ni participación. Será alguien que hará que todos los superiores se sientan mejor”.

Porque, en su opinión este asunto podría tener implicaciones a largo plazo si Cienfuegos Zepeda queda libre, como que los funcionarios mexicanos apliquen presiones políticas y diplomáticas para deshacer el arresto de personas bien relacionadas.

“El gobierno de México aprendió mucho aquí en su trato con nosotros. Aprendieron a presionar algunos botones. Estratégicamente, esto fue una pérdida”, afirmó.

El caso vs Cienfuegos

El 15 de octubre pasado, Cienfuegos Zepeda fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, porque supuestamente ayudó cuando era secretario de la Defensa Nacional, entre 2012 a 2018. El general se declaró inocente.

Cienfuegos Zepeda ocupó el cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiempo en el cual, según las pruebas obtenidas por los estadunidenses, estuvo envuelto en una investigación contra el cártel H-2, una rama del cártel de los Beltrán Leyva que operaba en Nayarit.

“Fue acusado de utilizar al Ejército para perseguir a los rivales de la pandilla mientras protegía sus propios envíos de drogas y ayudaba al H-2 a enviar miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos”, destacó The Washington Post.