CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muerte de Ernestina Ascencio, la mujer indígena y de edad avanzada, oficialmente fallecida por una “gastritis” --pero bajo sospecha de violación y ejecución extrajudicial a manos de elementos del Ejército Mexicano--, es nueva polémica para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy aseguró, no es su estilo ni es su interés, cerrar expedientes o “dar carpetazo” por prescripción.

El caso, ocurrido en 2007 en Soledad Atzompa Veracruz, en la sierra de Zongolica, fue polémico por las denuncias, inclusive de personal forense, sobre los rastros de abuso sexual así como de lesiones letales, pero el entonces presidente Felipe Calderón, reiteró la explicación oficial reduciendo el episodio a una “gastritis” y dejando a salvo la presunta implicación de soldados como perpetradores.

La versión de las causas naturales, la negativa a admitir que hubo violación de derechos humanos, fue asumida y defendida en días pasados por el gobierno de López Obrador, es decir, la representación del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene abierto el caso, negó el atropello plegándose a la justificación del sexenio calderonista.

Cuestionado al respecto, López Obrador fue cuidadoso en sus expresiones, si bien aseguró que tiene muy presente el caso, refiriéndose a un abuso y ofreciendo que se investigue, sin dar los posibles delitos como prescritos, que se procure hacer justicia.

Además, consideró que, en ese como en otros casos, la Secretaría de Gobernación, atenderá a los familiares de las víctimas, procurando que queden satisfechos.

En sus expresiones al respecto, ofreció que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informen en breve sobre el asunto.