XALAPA (ver. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará al Estado mexicano por la discriminación, impunidad y opacidad en el caso del fallecimiento de la indígena veracruzana Ernestina Ascencio Rosario. Cumplidos 11 años del lamentable hecho, la CIDH decidió admitir la denuncia para que revise lo ocurrido en la Sierra de Zongolica, “a la luz de sus obligaciones internacionales en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación”. Así lo expusieron en un comunicado conjunto las organizaciones Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara" A.C. (CESEM), Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C. (AJDH). Según el texto, la CIDH entrará a una revisión contra el gobierno mexicano por las circunstancias en que perdió la vida Ernestina Ascencio y por el inexplicable y apresurado archivo de la averiguación previa, y con ello la falta de esclarecimiento de los hechos e identificación y procesamiento de los responsables de la muerte de la indígena. Las organizaciones destacaron que a 11 años del asesinato en la Sierra de Zongolica, que puso en jaque al gobierno de Felipe Calderón por el desaseo que hubo en el caso y por no admitir la responsabilidad de elementos del Ejército, la CIDH también pedirá cuentas a México por su omisión en adoptar medidas progresivas para garantizar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la falta de acceso efectivo a la información pública sobre el caso y la falta de recursos eficaces para su protección. De acuerdo con el “Informe de admisibilidad” notificado tanto a las organizaciones peticionarias como al Estado Mexicano, y con el que se inicia la etapa de análisis de los hechos denunciados y encontrarlos violatorios a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH declarará la responsabilidad internacional del Estado y le formulará las recomendaciones que considere necesarias para la justicia, reparación y la no repetición de los hechos. “En el contexto de la cuestionada aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el caso se sumará al debate sobre la presencia y actuación del Ejército en los territorios indígenas y la importancia de que toda denuncia de violación de derechos humanos en contra de militares sea juzgada en el fuero civil. Otro tema crucial que deberá abordarse en este caso es la falta de justicia y de políticas que atiendan las violencias y formas de discriminación que viven las mujeres indígenas, en especial la violencia institucional, así como la impunidad de los perpetradores”, se lee en el comunicado. El 25 de febrero de 2007, Ernestina Asencio, de 73 años, fue encontrada por sus familiares desvanecida y sangrando, en una comunidad del municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra Zongolica, Veracruz, donde cuidaba sus animales. Asencio falleció sin recibir atención médica, pero antes de morir dijo en su lengua materna: “Los soldados se me echaron encima”. La procuración de justicia local y federal nunca investigó ni aclaró los hechos, pese a que la Procuraduría General de Justicia de Veracruz encontró evidencias de violencia sexual. Y, lo peor, el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, concluyó --antes que la propia Procuraduría-- que Ernestina había muerto por causas naturales (“gastritis crónica”) y no por factores externos.