CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a reparar el daño a una persona que fue torturada por personal de la Policía Federal (PF), a quien además se le violó su derecho de acceso a la justicia. 

De acuerdo con la recomendación 66/2020, los hechos ocurrieron en noviembre de 2010 y fueron presentados ante el organismo en mayo de 2017, fecha en que la víctima refirió que fue detenido y torturado por policías federales en Valle Hermoso, Tamaulipas, quienes lo interrogaban sobre “unas casas de seguridad y unas personas secuestradas, pero él no sabía nada de eso”.
    
En su escrito de queja, la víctima refirió que los policías federales lo trasladaron a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde se le acusó de secuestrar a dos personas, así como por delincuencia organizada y la portación ilegal de diversas armas, motivo por el que estuvo arraigado y después fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 5.
    
La víctima explicó que en su declaración preparatoria ante el juez de Distrito “negó los hechos que le imputaban los elementos porque fue obligado a declarar que formaba parte de un grupo criminal”.

Tras la investigación, la CNDH confirmó que la víctima estuvo a disposición de los agentes aprehensores nueve horas, entre el momento de su aseguramiento y su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal, constatando que presentaba lesiones “causadas intencionalmente para obtener información y provocarle sufrimiento; se observaron irregularidades atribuibles a personal de la entonces PGR para atender el requerimiento de la autoridad judicial e investigar la tortura denunciada, violando así su derecho de acceso a la justicia”.

El organismo nacional solicitó al encargado de despacho de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para compensar a la persona agraviada e inscribirla en el Registro Nacional de Víctimas, así como “colaborar en la denuncia y queja que se presente ante la FGR y la Unida de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, en contra de cuatro personas servidoras públicas involucradas en los hechos”.

La CNDH recomendó a la SSPC brindar capacitación al personal de esa corporación “en materia de derecho a la integridad, seguridad involucrada en los hechos, capacitar al personal de esa corporación en materia de derecho a la integridad, seguridad jurídica, libertad personal y prohibición de la tortura, y que proporcione a éste equipo de grabación, audio y geolocalización para documentar las acciones que realice al desempeñar su labor”.

Al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, le pidió “determinar la investigación ministerial conforme a derecho, colaborar en la queja que se promueva ante la autoridad competente de esa Fiscalía, en contra de una persona servidora pública, por los hechos y omisiones señaladas”, así como capacitar el personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la modalidad de procuración de justicia en investigaciones relacionadas con tortura.