CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barilla, designó a tres funcionarios acusados de tortura y alteración de  expedientes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y señalados por actos de corrupción y presuntos nexos con el narco, como responsables de la investigación del caso Ayelín, la adolescente de 13 años asesinada en Tixtla.

De los Santos anunció, a través de redes sociales, la conformación de un “grupo interdisciplinario”, integrado por cinco fiscales y dos coordinadores, entre los que se encuentran el coordinador de la Policía Ministerial, Esteban Maldonado Palacios y el fiscal en la región Centro, Ernesto Jacobo García, ambos conocidos como Los Chaparros, así como el vicefiscal de Investigación, Héctor Calleja Paniagua.

Este último estuvo encargado de la investigación del homicidio del exdiputado local perredista Armando Chavarría Barrera, en agosto de 2009, y fue acusado en su momento por los familiares de la víctima de mala integración del expediente. Hasta el momento el crimen sigue impune.

En el caso de Los Chaparros, ambos tienen un negro historial por incurrir en diversas irregularidades tipificadas como delitos graves y destacan varias recomendaciones de la CNDH por tortura y desaparición forzada, así como integración deficiente de expedientes y señalamientos directos por sus presuntos nexos con el narco.

Los informes refieren que Esteban Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de investigación de la FGE desde hace más de una década y la CNDH emitió dos recomendaciones, en 2008 y 2010, contra el actual jefe de la Policía Ministerial “por su actuación inconsistente y de mal manejo jurídico” en las investigaciones de los asesinatos del periodista acapulqueño Amado Ramírez y de los activistas indígenas del pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron vinculados con la guerrilla por el funcionario. 

No obstante, Maldonado Palacios siguió desempeñando funciones de agente del ministerio público en delitos graves y, en diciembre de 2011, estuvo al frente junto a Ernesto Jacobo García de la investigación del asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa y que a la fecha sigue impune.

Las violaciones procesales de Maldonado Palacios y Jacobo García en el caso de los dos normalistas de Ayotzinapa asesinados provocaron la destitución de Los Chaparros durante el periodo del exgobernador Ángel Aguirre Rivero. 

Luego, en 2015, el exgobernador interino, Rogelio Ortega Martínez y el extitular de la FGE, Miguel Ángel Godínez, decidieron recontratar a Los Chaparros y los nombraron fiscales en “investigaciones especiales” en Chilpancingo y Acapulco. 

El actual mandatario Héctor Astudillo premió a Los Chaparros y designó a Esteban Maldonado como coordinador de la Policía Ministerial y a Ernesto Jacobo como fiscal en la región Centro.

En julio de 2017, un grupo de sujetos armados colocaron una narcomanta en la zona urbana del puerto de Acapulco con un mensaje contra Esteban Maldonado Palacios, donde lo acusan de tener relación con la masacre en el penal de las Cruces y recibir dinero del narco para proteger a un grupo delictivo.

Por su parte, Ernesto Jacobo García, también tiene en su trayectoria dos recomendaciones de la CNDH por tortura y mala integración de expedientes en los casos de un trabajador que murió al interior del lujoso hotel Mayan Palace de Acapulco y una persona que fue desparecida en el mismo puerto.

Como agente del Ministerio Público del fuero común, Jacobo García trató de encubrir a la cadena hotelera, pero en febrero de 2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obligó a los dueños del Mayan Palace a pagar 30 millones de pesos por el daño moral causado a los padres del trabajador que murió al caer en un lago artificial que estaba electrificado por una bomba en mal estado.

La sentencia fue emitida por el ministro Arturo Zaldívar y advirtió “conductas negligentes de la empresa”, pues carecía de personal calificado para responder ante una emergencia, no brindó atención médica adecuada a la víctima y trató de forma indigna a los familiares del joven trabajador.

Estos hechos son los que trató de ocultar el actual fiscal en la región Centro en la integración del expediente que fue desestimado por la SCJN y desencadenó una recomendación de la CNDH en contra el actual funcionario ministerial.

Este es el perfil de los funcionarios de la FGE que ahora van a tratar de esclarecer el crimen de Ayelín, la jovencita de 13 años que fue privada de su libertad el pasado jueves 15 y localizada por sus familiares cuatro días después en una barranca del poblado de Tixtla.