MADRID (apro).- La Fiscalía del Tribunal Supremo envió dos comisiones rogatorias a México y a Reino Unido para solicitar la cooperación jurídica sobre los movimientos del financiero y empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, el amigo del rey emérito Juan Carlos I, quién habría financiado gastos del monarca entre 2016 y 2019, que están sujetos a investigación.

La semana pasada el rey emérito hizo una declaración complementaria sin requerimiento previo al pagar 678 mil euros a Hacienda para regularizar ingresos no declarados al hacer uso de unas tarjetas bancarias opacas que fueron fondeadas por el empresario mexicano, del que ahora se pide información a México y Reino Unido, donde reside, según adelantó El Periódico, de Cataluña.

La presentación de esta declaración de unos fondos que no tenía declarados ante el fisco español suponen que admite el fraude, pero podría esquivar posibles investigaciones penales.

Tanto la Fiscalía del Supremo como la Agencia Tributaria española mantienen abierta las pesquisas sobre los gastos del viejo monarca, quien se exilió voluntariamente en Emiratos Árabes Unidos desde octubre pasado.

De acuerdo con el medio de comunicación, para la Agencia Tributaria la comprobación de la regularización es automática, no se puede postergar, como ha pasado en otras ocasiones con la fortuna del monarca.

Si el monto no coincide, las entidades que le investigan notificarían al monarca emérito de la nueva investigación. Esto implicaría que se le pediría al emérito que mostrara documentación contable adicional.

Los extremos que Hacienda tendrá que comprobar son si la declaración adicional ha sido espontánea, es decir, que no haya sido alertado, si ha sido verdadera y si es completa.

En el comunicado difundido el miércoles pasado por el abogado Javier Sánchez-Junco, representante legal del monarca, informó que el rey emérito Juan Carlos “le dio instrucciones para que hiciera público que procedía a presentar delante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos”.

El abogado aseguró que “en cualquier caso, el rey Juan Carlos continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”.

El movimiento es importante porque podría salvarlo de consecuencias penales, al menos en este caso, uno de los muchos que tienen abiertos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo estaba investigando el uso por parte del rey emérito y su entorno –como sus nietos Froilán y Victoria Federica, hijos de la infanta Elena— de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular.

Ese dinero es que provendría del empresario mexicano Allen Sanginés-krause, que lo habría puesto a disposición de Juan Carlos I y este no lo habría declarado en España.