Seis años después de su abdicación, Juan Carlos de Borbón vive en medio del escándalo derivado de los “millonarios donativos” que recibió de monarcas árabes por haber facilitado ciertas obras para empresas españolas. Ese oprobioso caso envuelve no sólo al rey emérito que durante 40 años fue una figura emblemática en la España posfranquista, sino que socava la figura de su hijo, Felipe VI, quien ya marcó distancia de su padre.  MADRID, Esp. (Proceso).- El pasado 8 de junio Juan Ignacio Campos, fiscal del Tribunal Supremo, acordó investigar al rey emérito Juan Carlos de Borbón por el caso de los 100 millones de dólares que recibió en 2008 del rey de Arabia Saudita, Abdalá bin Abdulaziz -fallecido en 2015–, dinero que luego ocultó mediante una opaca estructura financiera en el extranjero y que omitió declarar ante la hacienda pública española. La supuesta “donación” sería el pago de una comisión por haber fungido como intermediario en la adjudicación del contrato de construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, que atraviesa 450 kilómetros de desierto y que ganó un consorcio de empresas españolas: ACS, Copasa, OHL, Indra, Ineco, Abengoa, Renfe y Adif, entre otras. Esta investigación trata de “delimitar y descartar” la relevancia penal del cobro de estos fondos y si los presuntos delitos de índole fiscal y blanqueo de capitales se produjeron con posterioridad a que el rey emérito abdicara, en junio de 2014, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad” que la Constitución le otorgaba como jefe del Estado español, señala el comunicado del tribunal. Tras su abdicación pasó a ser aforado y sólo puede ser juzgado por la Sala II del Tribunal Supremo. Pero ese no es el único problema judicial al que se enfrenta el anciano monarca, quien reinó España 40 años tras la muerte del dictador Francisco Franco. En el verano de 2018 el fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, inició diligencias después de que dos medios digitales –El Español y OKDiario– difundieron unas grabaciones ilegales del expolicía José Manuel Villarejo en las que Corinna Larsen –quien fue compañera sentimental de Juan Carlos I– sugiere que él oculta un patrimonio ilícito en el extranjero y presuntamente cobra comisiones ilegales (Proceso 2181). Bertossa ordenó registrar el despacho ginebrino del gestor financiero Arturo Fasana (investigado en España por ser gestor de cuentas de otra trama de corrupción: Gürtel, que implicó al Partido Popular), donde se encontró documentación de dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. Una era la fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo y supuesto testaferro del rey emérito, que durante años pagó los vuelos privados de Juan Carlos I y Larsen; la otra es la fundación panameña Lucum (la estructura offshore­ donde se depositó la presunta comisión saudita), cuyo primer beneficiario era el rey emérito, y el segundo, el actual rey Felipe VI. Se pudo documentar que el 8 de agosto de 2008 la fundación Lucum ingresó en una cuenta de la banca privada suiza Mirabaud los 100 millones de dólares donados al monarca por la casa real saudita. En el caso suizo aparecen como imputados Fasana, el abogado Dante Canónica y De Orleans, quienes aparecen como testaferros del rey emérito.

La ruptura de marzo

Una parte de las pruebas en manos del fiscal Campos, especialista en delitos económicos y financieros, se obtuvieron durante el registro ordenado por Bertossa, quien hizo llegar a España ese material probatorio mediante mecanismos de cooperación judicial. Sin embargo, el escándalo público se produjo el 14 de marzo pasado, cuando el diario inglés The Telegraph reveló que “el rey de España (Felipe VI) se ha visto envuelto en una disputa sobre las irregularidades financieras de su padre después de haber sido vinculado a un fondo secreto que ha generado dudas sobre la riqueza de la familia real”. Con la firma del corresponsal James Badcock, el diario añade que Felipe VI “es nombrado como el segundo beneficiario de la fundación (Lucum), y su padre Juan Carlos I le encarga el deber de cuidar al resto de la familia en caso de que herede el fondo”. Esta revelación se produjo días después de que los fiscales anticorrupción en España le pidieron a Suiza todas las pruebas sobre el presunto obsequio del rey saudita a Juan Carlos I. La noche del 15 de marzo, la Casa del Rey emitió un comunicado que mostraba la ruptura del actual monarca, Felipe VI, con su padre, y admitía la ilegalidad en que incurrió Juan Caros I. Asimismo anunciaba que la renuncia de Felipe VI a la herencia de Juan Carlos que le pudiera corresponder, “así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera que puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada, y que deben informar la actividad de la Corona”. Felipe VI también admitió haber tenido conocimiento de esa estructura financiera opaca desde el 5 de marzo de 2019; es decir desde un año antes, cuando la Casa del Rey recibió una carta del despacho inglés de abogados Kobre & Kim –representantes de Corinna Larsen– en la que se menciona la “supuesta designación (de Felipe VI) como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en el que se produjese el fallecimiento” del padre. Según Felipe VI, envió copia de la carta a su padre y a “las autoridades competentes”, aunque no especificó cuáles. También comunicó al despacho británico que no tenía conocimiento, participación o responsabilidad sobre esa estructura opaca y, de forma simbólica, ante notario, dejó establecido que quedará sin efecto su designación y renunció a cualquier derecho. La reacción social contra el rey emérito ha sido muy dura. Cuando se supo la noticia, en medio del confinamiento por la pandemia, hubo caceroladas desde los balcones de los hogares españoles, así como consignas en las que se instaba a Juan Carlos I a donar los 100 millones de dólares a la sanidad pública.

Una desgracia envolvente

El exdirector del ABC, José Antonio Zarzalejos, quien en 2014 tuvo la primicia de la abdicación del rey Juan Carlos, asegura al corresponsal que buena parte de los españoles está experimentando “una sensación de profunda decepción” en torno de la figura del rey emérito, quien oscureció “todos los méritos que acumuló durante muchos años de reinado”. Esos hechos han tenido dos consecuencias, dice. Una de ellas puede ser penal; “veremos qué dice la fiscalía del Tribunal Supremo”. La otra, que ya se produjo, es política e institucional; política, porque su reputación ha quedado absolutamente mermada pues dañó a la institución de la Corona y porque ha complicado el reinado de su hijo. La pregunta es, dice Zarzalejos: “¿Cabe alguna medida adicional que tome la Casa del Rey o el propio gobierno? Podría ser, pero aún no lo sabemos”. Él mismo había publicado en El Confidencial que una opción era un “exilio voluntario”. Sin embargo, explica, eso fue antes de que la Fiscalía del Supremo abriera la investigación. Sometido el rey emérito a la investigación del fiscal, “lo lógico es que permanezca en la jurisdicción territorial de la justicia española. Y a disposición eventualmente del Supremo si se interpone una querella por parte del fiscal”, dice el entrevistado. Una segunda opción, apunta, es que salga del Palacio de la Zarzuela (sede de la Casa del Rey y de la Jefatura del Estado español), y que tampoco viva en un edificio de Patrimonio Nacional. Eso, asegura, generaría problemas por la seguridad del viejo monarca. Zarzalejos plantea otra opción, que ya barajan algunos actores políticos: la revocación del Real Decreto del 14 de junio de 2014, “que por razones de gratitud y de costumbre reconocían al rey emérito el título de rey, tratamiento de majestad, honores similares a los del heredero/heredera de la corona y una prelación protocolaria inmediatamente posterior a las dos hijas del rey, a las dos nietas”. E insiste: cabría la posibilidad de que el Consejo de Ministros revocara ese Real Decreto Ley y que Juan Carlos I dejara de tener el título de rey y el tratamiento de majestad, y que perdiera el privilegio de recibir honores. Eso es factible, pues hay mucho malestar social. “Eso serviría para que Felipe VI, de una manera más contundente, muestre una ruptura absoluta con su padre”, opina el veterano periodista.

Todo comenzó en 2012

Las desgracias de Juan Carlos comenzaron en abril de 2012, cuando se hizo público su accidente durante una cacería en Botsuana, mientras España atravesaba días complicados por la crisis económica global (Proceso 1902). La prensa enfocó sus ataques contra Larsen, la “amiga entrañable” del rey, quien se dice objeto de una campaña del servicio de inteligencia español. Ella incluso acusa al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, general Félix Sanz Roldán, de haberla amenazado. Desde el inicio de su reinado Juan Carlos de Borbón jugó un papel central en la transición. Fue él quien “entregó todos los poderes que había recibido de Franco a la Constitución de 1978 y a la soberanía popular; luego frustró el golpe del 23 de febrero de 1981. “Muchos españoles desconocen esos acontecimientos; tampoco tienen conciencia ni memoria histórica”, lamenta Zarzalejos. En 2013, en una entrevista con Proceso, el periodista aceptó que en España hubo un acuerdo no escrito para blindar la figura del monarca, en la que participaron la clase política, la empresarial y los medios de comunicación. Fue una suerte de pacto de silencio. En el año 2000, con motivo del 25 aniversario de la llegada del monarca, John Carlín escribió en El País que esa “conspiración del silencio” tiene su razón de ser, porque Juan Carlos ha sido un símbolo y un “protector de la democracia”, por eso justificaba que la autocensura de los medios españoles era una “demostración de responsabilidad cívica”. Eso cambió tras el episodio de Botsuana. Ahora el rey emérito “es una figura amortizada, y sólo cuando transcurra mucho tiempo podrá hacerse una evaluación histórica equilibrada entre sus luces y sus sombras. Ahora sólo hay sombras”, sostiene Zarzalejos. Luego se ha sabido que entre 2008 y 2012 el monarca hizo disposiciones de 100 mil euros mensuales para gastos de su familia de esa cuenta en Suiza, según publicó El Confidencial. Esta información contrasta con los mensajes navideños de Juan Carlos, como el de 2009, cuando en plena crisis invitaba a los españoles a la “fraternidad sobre las desavenencias”, “el bien colectivo sobre los egoísmos particulares, y para que la honradez sea regla inexcusable de conducta”. Fasana declaró ante el fiscal suizo que el 7 de abril de 2010 el viejo monarca llegó a su casa en Ginebra con una maleta cargada de billetes, casi 1.9 millones de dólares, un presunto “donativo” del rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, según una publicación de El País que muy pocos medios retomaron. Tras el escándalo de Botsuana, Juan Carlos se vio obligado a cerrar la cuenta en Suiza y decidió transferirle casi 65 millones de euros a Larsen, “por gratitud y por amor” y “no para deshacerse del dinero”, porque, según el mismo monarca expresó, “todavía tenía esperanza de recuperarme”. Así lo declaró Larsen a Bertossa, como adelantó el diario madrileño. Otros 2 millones de euros fueron a dar a una cuenta de Marta Gayá, otra compañera sentimental del monarca. Zarzalejos recuerda que una primera fase de la investigación de la Audiencia Nacional, en la que se investiga si se produjeron pagos de comisiones en la obra del tren a La Meca, no se refiere específicamente al monarca. Es la denominada pieza Carol del macroproceso contra el comisario Villarejo (Operación Tándem), pero el juez la archivó provisionalmente al no observar conductas reprobables desde el punto de vista penal. Luego de las publicaciones de la prensa británica y suiza sobre las cantidades recibidas por el monarca de los países del Golfo Pérsico, depositadas en paraísos fiscales, la Casa del Rey anunció la renuncia a esa herencia y le retiró la asignación presupuestaria al monarca emérito. "Esa ruptura se produce. Luego se ha sabido que le ha retirado a todo el personal de apoyo que tenía en Zarzuela, sólo le ha dejado un asistente.” A la par, la fiscalía del Supremo realiza una investigación preliminar que “va a determinar si ve indicios suficientes para interponer una querella ante la Sala II del Tribunal Supremo contra el rey emérito, o si por el contrario se producen las dos o una de las siguientes circunstancias: una, que todos esos movimientos sean anteriores al 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, y que lo proteja la inviolabilidad de la Constitución”. También prevé que haya una fuerte movilización política si partimos de que, como en ningún momento del actual período democrático, en esta legislatura es en la que hay más legisladores de confesión republicana –entre 60 y 70 de los 350 parlamentarios–, lo que hace evidente que habrá “una pulsión republicana” ante estos movimientos en la monarquía. A eso se suma la petición del gobierno para que la Casa del Rey tome medidas adicionales sobre una eventual salida de Juan Carlos de Borbón de la Zarzuela, para evitar el desgaste que está teniendo el reinado de Felipe VI. Este reportaje forma parte del número 2282 de la edición impresa de Proceso, publicado el 26 de julio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí