CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a derechos humanos contra personas migrantes cometidas por personal de la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) durante enero de este año en la frontera con Guatemala. 

De acuerdo con la recomendación 50/2020, el organismo reunió elementos para instruir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comisionado del INM, Francisco Garduño a, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), reparar el daño causado a personas en condición de movilidad agredidos por los efectivos federales. 

La investigación de la CNDH constató que del 20 al 23 de enero de este año “personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos” por integrantes de la GN y el INM “a fin de impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria”.

La indagatoria permitió establecer que se cometieron “violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias”.

El documento de la CNDH destacó que “al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal”.

Aunado a lo anterior, el organismo determinó que las autoridades de la GN y el INM “omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante”.

En su resolutivo, la CNDH instruyó a la SSPC que, en coordinación con la CEAV, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y otorgarles atención médica y psicológica”.

Pidió a la dependencia “colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza; así como impartir al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el INM”.

Al comisionado del INM se le pidió “localizar a las víctimas a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Renavi; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias”.