CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Al cumplirse un mes de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, Amnistía Internacional alertó que la operación ordenada por Donald Trump, no sólo “constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas”, sino que se mantienen las violaciones a derechos humanos con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. 

“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mando de Maduro durante más de un decenio continúan con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.”, apuntó Agnés Callamard, secretaria general de la organización internacional. 

En un amplio análisis publicado este martes, Callamard enfatizó que la operación militar ordenada por Trump para extraer a Maduro y Flores “no sólo fue ilegal, sino que también podría tener efectos devastadores sobre los derechos humanos de la población venezolana, alentar acciones ilícitas por parte de otros estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”.  

En el pronunciamiento se resaltó que, tras el ataque militar, Trump no ocultó que la intención era mantener “el control de los recursos y el poder geopolítico en la región” y que, desde el 3 de enero, el presidente estadunidense “ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos”. 

Al destacar que el control de Washington sobre Venezuela representa una “amenaza” más que una solución en materia de derechos humanos, Callamard advirtió que las víctimas del régimen de Maduro “siguen esperando, no se han tomado medidas significativas de no repetición”, mientras que defensores de derechos humanos y organizaciones “se enfrentan a una persecución y criminalización persistente”.  

Tras insistir que la operación militar del 3 de enero en Venezuela, por parte de Estados Unidos, fue violatoria del derecho internacional, Callamard apuntó que la represión contra la población civil continúa, de acuerdo con denuncias documentadas por Amnistía Internacional. 

Agregó que, durante el último mes, las fuerzas de seguridad, el Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como los grupos paramilitares pro gubernamentales “han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su teléfono para revisiones arbitrarias”. 

Entre las detenciones arbitrarias de las que ha tenido información Amnistía Internacional, resaltan las de 14 periodistas que estaban cubriendo una rueda de prensa oficial, y que más tarde fueron liberados, así como “amenazas y represalias, lo que hace eco de los patrones bien documentados del último decenio”.  

Callamard consideró que las autoridades de Venezuela “deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.  

La secretaria general de Amnistía agregó que, de no tomarse esas medidas, se perpetuarán “nuevos ciclos de violaciones, afianzan la humanidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.  

Recordó que, en noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro, tras considerar que había elementos para concluir que en el país sudamericano se habían cometido crímenes de lesa humanidad, por lo menos desde abril de 2017.  

Al señalar que la investigación ha continuado, a pesar de “los intentos de Venezuela de detenerla”, Amnistía Internacional resaltó que en la indagatoria hay “consistentes hallazgos, incluida la cadena de mando documentada, el papel central de la presidencia en el aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela, y la magnitud y el carácter sistemático de violaciones”. 

Puntualizó que “Nicolás Maduro es una de las personas con más probabilidades de entrar en el ámbito de investigación y enjuiciamiento de la CPI, si las pruebas alcanzan el umbral establecido en el Estatuto de Roma para la responsabilidad penal individual”.  

Agnés Callamard instó a la CPI a que “agilice su trabajo, incluida la emisión de órdenes de detención”, cuando se establezca la responsabilidad de Maduro en la comisión de crímenes de lesa humanidad.  

“La Justicia demorada es justicia negada, especialmente para la población venezolana que ha esperado años para ser escuchada. Sin embargo, las acciones del gobierno de Estados Unidos actualmente hacen que la perspectiva de cualquier posible proceso judicial contra Nicolás Maduro sea mucho más difícil y compleja”, sostuvo la secretaria general de Amnistía Internacional.  

Tras un análisis pormenorizado de violaciones a distintos preceptos del derecho internacional, entre ellas la Carta de las Naciones Unidas, Callamard recordó que la incursión militar a Venezuela estuvo precedida por ataques letales de Estados Unidos a embarcaciones con presuntos narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico Oriental, lo que ha sido denunciado por la organización como “ejecuciones extrajudiciales”, un ataque de estos fue perpetrado después del asalto del 3 de enero.  

La defensora consideró preocupante que Trump haya declarado que “no se consideraba obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una región que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada.  

“No es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero sí puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional”, consideró.  

“El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso ilícito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre sí. 

“El único camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la población civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia”, concluyó Agnés Callamard.