LONDRES (AP) — Un tribunal británico dictaminó el martes que Julian Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos por cargos de espionaje a menos que las autoridades estadounidenses garanticen que no será condenado a muerte, lo que supone una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks en su larga batalla legal en torno a la publicación de documentos clasificados estadounidenses.

Dos jueces del Tribunal Supremo afirmaron que concederían a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadounidenses den nuevas garantías en el plazo de tres semanas sobre lo que ocurrirá con él. El fallo significa que el enredo legal, que se ha prolongado durante más de una década, continuará, y que Assange permanecerá dentro de la prisión de alta seguridad de Belmarsh de Londres, donde ha pasado los últimos cinco años.

Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson dijeron que Estados Unidos debe garantizar que Assange, quien es australiano, "goce de las mismas protecciones de la Primera Enmienda que un ciudadano estadounidense, y que no se le imponga la pena de muerte".

Los jueces dijeron que si Estados Unidos presenta nuevas garantías, "daremos a las partes la oportunidad de presentar nuevos expedientes antes de tomar una decisión final sobre la solicitud de autorización para apelar". Los jueces dijeron que se celebrará una audiencia el 20 de mayo si Estados Unidos hace esas aportaciones.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios el martes.

Los partidarios de Assange afirman que es un periodista protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que sacó a la luz ilegalidades cometidas por militares estadounidenses en Irak y Afganistán que eran de interés público.

La esposa de Assange, Stella Assange, dijo que el fundador de WikiLeaks "está siendo perseguido porque expuso el verdadero costo de la guerra en vidas humanas".

"El gobierno de Biden no debería dar garantías. Deben abandonar este vergonzoso caso, que nunca debería haberse presentado", dijo a las puertas del Tribunal Supremo de Londres.

El fallo se produjo luego de una audiencia de dos días en el Tribunal Supremo en febrero, en la que el abogado de Assange, Edward Fitzgerald, afirmó que las autoridades estadounidenses pretendían castigarle por "exponer la criminalidad del gobierno estadounidense a una escala sin precedentes" —lo que incluye torturas y asesinatos— a través de WikiLeaks.

El gobierno estadounidense dijo que las acciones de Assange fueron más allá del periodismo al solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados del gobierno que ponían en peligro a muchas personas, incluidos iraquíes y afganos que habían ayudado a las fuerzas estadounidenses.

Los jueces rechazaron seis de los nueve argumentos presentados por Assange en su recurso, incluida la aserción de que su procesamiento es de tinte político. Dijeron que aunque Assange "actuó por convicción política... no se deduce sin embargo que la petición de su extradición se haga por sus opiniones políticas".

Los jueces también dijeron que Assange no podía apelar basándose en las afirmaciones, hechas por sus abogados, de que la CIA desarrolló planes para secuestrar o matar a Assange durante los años que pasó refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar que intentara huir.

Los jueces dijeron que "evidentemente, se trata de acusaciones de la máxima gravedad", pero concluyeron que no tenían relación con la solicitud de extradición.

"La extradición daría lugar a que estuviera legalmente bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos, y las razones (si es que pueden llamarse así) para la entrega, el secuestro o el asesinato se desvanecerían", dice la sentencia.

Aceptaron tres argumentos de apelación: la libertad de expresión, la afirmación de que está en desventaja porque no es ciudadano estadounidense y el riesgo de ser condenado a la pena de muerte.

Las autoridades de Estados Unidos han prometido que Assange no recibirá la pena capital, pero los jueces dijeron que "nada en las garantías existentes impide explícitamente la imposición de la pena de muerte".

Jennifer Robinson, una de las abogadas de Assange, dijo que "aunque recibamos las garantías, no estamos seguros de poder confiar en ellas".