QUITO, Ecuador.– Desde sus celdas, personas privadas de la libertad denuncian haber sido violentadas por las Fuerzas Militares que ingresaron a las cárceles tras la declaratoria de 'conflicto armado interno' por el Gobierno de Ecuador. Decenas de familias exigen información sobre el estado de los reclusos ante los reportes de falta de acceso a salud, alimentación, muertes y violencia en el interior de los penales. France 24 contactó a varias fuentes y recibió información de al menos ocho muertes en diferentes prisiones desde el 9 de enero. Sin actualización y confirmación oficial, las familias y presos temen que el número de fallecidos pueda ser mayor.

“Me patearon la cabeza, me cortaron la ceja, me pisaron y me dieron contra el piso”, dice Johys*, una mujer trans de 25 años, encarcelada en el pabellón de hombres de una prisión costera de Ecuador, en un audio que envió desde su celda el 21 de enero de 2024.

Con la voz grave y baja, para evitar ser escuchada por algún compañero, cuenta que, al comenzar la incursión militar en aquella cárcel, decidió vestirse con una camisa y un pantalón de hombre por el temor que sentía de que la golpearan de nuevo.

Quería, de alguna manera, mimetizarse. Pero, cuando un grupo de militares la vio, relata Johys, la obligaron a quitarse la camisa. “Como yo tengo senos, por las hormonas, me quitaron el brasier y me hicieron acostar. Uno de ellos me cogió del cabello y me dijo: '¿Qué quieres aparentar?' Me quedé en shock, no pude decir nada”, relata. 

Asustada, intentó cumplir con las órdenes de los militares.

“Me levantaron y me dejaron en calzón. Me dieron látigo y me cortaron el cabello”, cuenta Johys.

En las imágenes que logró enviar para denunciar la agresión, se ven moretones en sus piernas, brazos, ceja y labio superior.

Una vez que le cortaron su cabello largo –ahora lleva una melena corta–, Johys pensó que los golpes terminarían. “Pero me dijeron: '¿Hay otra marica aquí?'. Y yo tenía una amiguita que también se había disfrazado. A ambas nos hicieron golpearnos la una a la otra. Y nos tocó darnos unas cachetadas muy fuertes, porque si no nos pegábamos era peor”, recuerda Johys, que cumple una pena de seis años de prisión.

El caso de Johys fue denunciado por Odalys Cayambe, directora de la Casa de Acogida Trans y la Fundación Vivir Libres, que funciona en Guayaquil, una ciudad costera de puertos marítimos que intenta resistir a la violencia.

Odalys Cayambe conoce bien el sistema carcelario: estuvo presa cinco años. Desde ese momento, se ha dedicado a acompañar y ofrecer protección a la población trans que no tiene atención gubernamental ni en las cárceles ni en las calles.

No es un secreto que las organizaciones narcocriminales han tomado el control de varias prisiones de Ecuador. Dice Odalys que, debido a la violencia de las mafias, era necesaria una intervención porque te “extorsionan, te golpean, te violentan y es mucho peor cuando eres trans, porque las compañeras en las cárceles son totalmente olvidadas”, lamenta.

Pero, ahora, cuestiona Cayambe, a la violencia de la mafia –que, según la lideresa trans, no terminará con el estado de excepción ni la declaratoria de 'conflicto armado interno'– se suma “la violencia militar” ejercida sobre una población vulnerable.

“Las autoridades dicen que somos un grupo prioritario, pero las compañeras trans son obligadas a decir que no tienen derechos. Son golpeadas, mutiladas y torturadas. También se les ha impedido nombrarse como parte de la diversidad. Y, sin embargo, ninguna institución dice algo”, increpa.

Johys no es la única persona que asegura haber sido agredida durante las incursiones militares. Hay fotografías y denuncias de madres y hermanas que han recibido videos y fotografías de sus familiares presos golpeados. En las imágenes conocidas por este medio se observan extremidades con contusiones profundas, rostros con hematomas, cortes en la espalda y heridas veteadas.

France 24 solicitó un pronunciamiento de la autoridad penitenciaria, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo sobre las denuncias. Solo el Ministerio, que forma parte del Directorio del Organismo Técnico que rige las cárceles, contestó. La entidad, que entre sus atribuciones tiene la promoción de los derechos de las personas presas, respondió con un documento en el que enumeró los resultados de su gestión en 2023.

Las familias y personas presas como Johys temen por su vida por una razón central: desde 2019, más de 600 personas han sido asesinadas en 16 masacres carcelarias en las prisiones, sin una medida sólida que frene la violencia. Al contrario, el control criminal, dicen, ha crecido, en medio de la corrupción estatal y de funcionarios públicos que, incluso, han ingresado armas y drogas a las cárceles.

Muertes en las prisiones 

El Gobierno de Ecuador catalogó el 9 de enero la lucha contra el crimen organizado como 'conflicto armado interno', después de una oleada de atentados y acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales, predominantemente narcotraficantes, a los que ha calificado de "grupos terroristas" que deben ser neutralizados por las Fuerzas Armadas.

Desde esa fecha, la colaboradora de este medio ha recibido información que confirma al menos ocho muertes en las cárceles ecuatorianas, basada en reportes policiales, abogados y fuentes reservadas. La autoridad penitenciaria SNAI ha confirmado solo cuatro decesos en distintas circunstancias.

El mismo 9 de enero, Juan Roberto Rodríguez Chalar, a quien se conocía como 'El Peluquero' en la cárcel de Esmeraldas, en la costa norte del país, fue asesinado. Él fue una de las cinco personas que se fugaron ese día. Su muerte fue confirmada después de que la Policía anunciara la recaptura de cuatro internos.

Dos días después, el 11 de enero, se reportaron, según declaraciones de diversas fuentes, otras tres muertes. Miguel Ángel Acosta, de 35 años, fue asesinado en el interior de la cárcel de Ambato (centro). Su cuerpo, vestido de agente penitenciario, fue encontrado afuera de la prisión la mañana de ese día. Tanto fuentes policiales como un agente aseguran que un grupo de reclusos lo obligó a ponerse ese uniforme para grabar un video viral en el que se simuló el asesinato de un funcionario. El SNAI no se ha pronunciado sobre este hecho.

Por la noche, se informó sobre la muerte de Nery Javier Vargas Campos en la cárcel de Machala (suroeste). La autoridad penitenciaria verificó que su cuerpo fue lanzado por la puerta principal de la prisión. También reportó que otro reo murió en la prisión de Azogues (centro-sur). Como los otros dos casos, su cadáver fue encontrado en las inmediaciones del centro carcelario.

El 12 de enero, se registraron otras dos muertes: la primera, dijo el SNAI, se documentó en la megacárcel de Turi, en la ciudad andina de Cuenca, aunque las causas no han sido aclaradas.

Esta reportera también recibió información sobre el deceso de Jhonny Caiza, en la cárcel de El Inca de Quito. Falleció por un edema agudo pulmonar, cuyas causas no han sido esclarecidas, explicó Galo Quiñónez, abogado de la familia Cando. “Aún no sabemos si fue asesinado o a qué se debe, sin embargo, era importante que se preservara su vida, no solo porque la Constitución lo ordena, sino también porque el caso queda en un limbo jurídico", dijo Quiñónez.

También hay un reporte de otros dos fallecimientos, el 14 de enero, en la cárcel de Esmeraldas: el de Bryan Villares y Jostin Carrillo.

Ese mismo día, el monseñor Antonio Crameri, obispo del Vicariato de Esmeraldas, envió un comunicado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el que aseguró que hubo supuestos “maltratos” que habrían llevado a la muerte a Bryan Villares, conocido como 'El Pibe', durante un operativo militar.

“Hemos visto que estaba golpeado hasta la sangre”, escribió Crameri en el documento. El monseñor cuestionó que la muerte ocurriera luego de un proceso de diálogo con los reclusos, con quienes se logró la liberación de 13 funcionarios retenidos. Los internos pidieron que las incursiones militares se realizaran sin violencia. Sin embargo, para Crameri, eso no se cumplió.

El padre José Antonio Maeso, capellán de la prisión de Esmeraldas, estuvo en esa prisión junto al monseñor Crameri y coincide con él: “Salíamos a las 12 de la mañana cuando, en el patio, vimos el cadáver rígido y golpeado cuando lo llevaban a una ambulancia. No hubo resistencia a la requisa por parte de las personas presas y fuimos testigos de eso”, indicó a France 24.

Maeso relata haber visto, además, decenas de presos con heridas en la cabeza. El SNAI no se ha pronunciado sobre esta muerte.

También hay alerta en otras cárceles: la mañana del 23 de enero, un camión del Servicio de Medicina Legal –que se encarga del levantamiento de cadáveres– salió de la Penitenciaría del Litoral, ubicada a las afueras de Guayaquil y considerada la prisión más violenta del país.

Fernando Bastias, miembro de la ONG Comité Permanente para la Defensora de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, afirma que él y su equipo han obtenido datos de “dos cuerpos llevados a Medicina Legal” desde esa prisión. La autoridad penitenciaria no lo ha confirmado ni descartado.

El CDH de Guayaquil permanece en las inmediaciones de la cárcel recabando información y posibles casos de violencia y tortura, contó Bastias.

“Exigimos información y garantías de vida”

Desde el 9 de enero, cuando el Gobierno de Daniel Noboa declaró el 'conflicto armado interno', Marcela, madre de dos niños, dejó de recibir noticias de su hermano mayor. Es un hombre treintañero, obeso, diabético e hipertenso que debía haber salido temporalmente de su celda tres días antes, el 6 de enero, para que le practicaran una operación que no logró concretarse.

Desde entonces, la rutina de Marcela ha cambiado: lleva más de 16 días viajando de Quito a Latacunga, la capital de Cotopaxi, –ciudades que están a casi 110 kilómetros de distancia– para saber cómo está su hermano. “Pero nadie nos dice nada. Los militares nos han golpeado y lo único que recibimos es gas lacrimógeno. No podemos ni dormir porque, imagínese, después de tanta masacre en las cárceles, no tener información siempre nos angustia”, cuenta Marcela, en declaraciones el pasado 24 de enero, con la voz rasposa y aguda, mientras se alista a las 6:00 a.m. para trasladarse, de nuevo, a las inmediaciones de la prisión.

No estamos en contra de la intervención, lo que exigimos es información, garantías de vida de nuestros familiares”, dice Marcela*, hermana de un preso de la megacárcel de Cotopaxi, una provincia andina de Ecuador que se mantiene militarizada.

No es la única. Lina*, una madre migrante de Venezuela, también va a diario a la megaprisión de Cotopaxi desde la madrugada y permanece ahí hasta las 8:00 p.m.

“No sé nada de mi hijo. Estoy angustiada porque, cuando estamos ahí, en la cárcel, solo escuchamos gritos de auxilio”, relata Lina. Su hijo, Alejandro, que trabajaba como administrador de una peluquería en Quito, fue condenado a una pena de nueve años y cuatro meses por el robo de una cartera que, de acuerdo con el expediente penal, nunca fue encontrada.

Cuando Lina llegó a Ecuador para apoyar a su hijo encarcelado, en 2018, perdió todo su dinero. Lo invirtió en abogados que prometieron sacar a Alejandro de prisión. Ahora, vive al día, casi sin recursos. Su situación se agudiza más y no puede alimentarse bien desde el 9 de enero porque el poco dinero que tiene lo gasta en los pasajes para viajar de Quito a Latacunga, que suman más de diez dólares diarios.

Carmen*, una madre guayaquileña, ha ido también a diario a la Penitenciaría del Litoral, la prisión más violenta del país, asentada en la vía a Daule, en Guayaquil. Su hijo está preso desde noviembre de 2023. “Me comuniqué con mi hijo el 12 de enero y lo único que me dijo es: 'Mamita, si ya no vuelvo a salir, si no vuelves a saber de mí, no dejes de buscarme'. Solo sé que está muy golpeado y que no ha comido en cuatro días”, afirma Carmen.

Lo único que han recibido Marcela, Lina y Carmen –quienes solicitaron que sus nombres reales no fueran divulgados por temor a represalias– y otros familiares son imágenes de presos golpeados y audios con pedidos de auxilio, enviados desde prisión.

Él tiene que cumplir su condena. Nadie dice que no. Pero ahora no sé si mi hijo está muerto, si está herido. No defendemos lo injusto”, cuestiona Carmen, quien se unió a la Marcha por los Derechos Humanos, en la que familiares y defensores de DD. HH. protestaron frente a la Gobernación de Guayas, en la ciudad portuaria de Guayaquil.

El silencio de las instituciones moviliza a familias y organizaciones

France 24 hizo 10 pedidos de información a diferentes instituciones: el SNAI, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.

El SNAI dejó de actualizar información sobre los operativos militares el pasado 17 de enero. Pese a las insistentes consultas de este medio y otros locales e internacionales, el departamento de Comunicación de la institución dijo que “todavía se recaba información” y que, hasta que las fuerzas militares “les pasen los datos”, no puede ofrecer datos o actualización de las muertes y la violencia en las prisiones.  Esa ha sido la tónica constante y hermética de la entrega de datos en esa institución, denunciada por organismos de defensa de la libertad de prensa.

El silencio en medio de la peor crisis carcelaria y de seguridad que enfrenta Ecuador no es nuevo. Desde que la primera masacre carcelaria estalló en el país, el 23 de febrero de 2021, las familias de las personas presas se han enterado de sus muertes de diferentes formas: a través de otros presos sobrevivientes, la gestión de agentes penitenciarios, organizaciones que trabajan por la defensa de derechos humanos o por los anuncios a gritos de funcionarios en la salida de las oficinas del Servicio de Medicina Legal.

Por eso, mujeres como Marcela, Lina, Carmen y Odalys Cayambe se han unido a diversos plantones de protesta en ciudades como Latacunga y Guayaquil, pese a que el estado de excepción que rige en Ecuador restringe el derecho a la libertad de reunión. “Lo único que queremos es información”, repite Carmen, la madre guayaquileña que espera saber de su hijo.

Pero también se sienten inseguras, expuestas. El 21 de enero, mientras Carmen exigía, junto a otras madres, datos en la Penitenciaría del Litoral, un policía le lanzó gas lacrimógeno. Otras tres mujeres, una de ellas embarazada, también fueron afectadas. El CDH Guayaquil lo denunció públicamente. Sin embargo, ni el Ministerio de la Mujer ni la Defensoría del Pueblo han emitido un pronunciamiento.

Un funcionario de comunicación de la Defensoría dijo a France 24 que aún continúa un monitoreo constante para documentar posibles vulneraciones a los Derechos Humanos. Mientras, después de más de 20 días, las familias aún reclaman respuestas.