BOGOTÁ (Proceso).– Estados Unidos desarrolla un plan de reposicionamiento geopolítico en América del Sur vía Ecuador, donde la guerra que plantearon al Estado las bandas del narcotráfico le da a Washington la oportunidad de reforzar su presencia militar en la región y de responder por esa vía al avance de China como socio estratégico de los países sudamericanos.

Así lo plantea la economista, historiadora y doctora en ciencias sociales Estefanía Ciro, quien sostiene que el decreto de este mes en el que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declara que en su país existe un “conflicto armado interno” le abre la puerta a Estados Unidos para intervenir con tropas, inteligencia y ayuda militar en esa nación con el “pretexto” del combate al narcotráfico.

Ciro indica que ese decreto le permite a Washington actuar en Ecuador con presencia militar y policial como la prevista en el Plan Colombia, que fue la punta de lanza de la ofensiva del presidente colombiano Álvaro Uribe contra las FARC, a principios de esta década, y una estrategia de posicionamiento geopolítico de Washington en la región.

De hecho, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson, visitó Ecuador esta semana y acordó con el presidente Noboa un plan que incluye la presencia de personal militar y “contratistas” estadunidenses en territorio ecuatoriano a fin de combatir a las 23 bandas del narcotráfico que el gobernante catalogó como “actores no estatales beligerantes” y “terroristas”.

En principio, Washington invertirá 93.4 millones de dólares en ese plan, que muchos ya comienzan a llamar Plan Ecuador, parafraseando al Plan Colombia.

Los militares y “contratistas” estadunidenses gozarán de inmunidad diplomática y libre movilidad en Ecuador y participarán en operaciones antidrogas de interdicción marítima en aguas ecuatorianas, incluso a bordo de fragatas de la Armada de Estados Unidos, lo que según la Corte Constitucional puede ser autorizado por el presidente, sin necesidad de un debate legislativo.

 “La trampa, porque yo considero que es una trampa, va por ahí”, señala Ciro, y sostiene que lo que se va a observar es un gran despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en Ecuador.

Y agrega: “Creo que es lo que Estados Unidos y sus múltiples agencias –encabezadas por la DEA y el FBI– están buscando en Ecuador”.

La economista colombiana y doctora en ciencias sociales de la UNAM dice que al declarar un “conflicto armado interno” y acordar con Washington un paquete de ayuda militar lo que hace Noboa es “formalizar un mecanismo para la intervención directa de Estados Unidos”, país de nacimiento del joven presidente y donde se formó académicamente.  

Noboa ha insistido en que su país “necesita tropas extranjeras” para combatir al narcotráfico y dijo que no es hora de argumentar que ese tipo de acciones son violatorias de la soberanía ecuatoriana.

Lo cierto es que la embestida de las bandas del narcotráfico ha sido tan fuerte que amplios sectores de la población parecen dispuestos a aceptar ayuda del exterior sin reparar demasiado en las implicaciones que eso tendría a mediano y largo plazo.

Sólo algunas voces del izquierdista partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, han alertado sobre la “entrega” de la soberanía del país y han denunciado que está en marcha un Plan Ecuador, similar al Plan Colombia que causó miles de víctimas inocentes en la primera década de este siglo, entre ellas seis mil 402 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que el Ejército colombiano hizo pasar como guerrilleros.

El expresidente Correa tildó de “vasallos” a los magistrados de la Corte Constitucional que autorizaron el acuerdo de interdicción marítima con Estados Unidos sin necesidad de ratificarlo en la Asamblea Nacional.

Intervencionismo

Para Estefanía Ciro, una especialista en geopolítica del narcotráfico, lo que queda en evidencia en Ecuador es “una intención muy fuerte de Estados Unidos de generar, de la mano de Noboa, un polo de intervención en América Latina en una coyuntura global muy convulsa”.

Esa coyuntura abarca la invasión rusa a Ucrania; la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás en Gaza, donde han muerto 24 mil palestinos, la mayoría civiles, y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en momentos en que el gigante asiático ha ampliado su influencia en América Latina a través del comercio e inversiones.

La doctora en ciencias sociales de la UNAM y excoordinadora del área de narcotráfico, economías ilegales y conflicto armado en la Comisión de la Verdad de Colombia (2019-2022) señala que en el trasfondo del conflicto en Ecuador hay “intereses mucho más amplios de Estados Unidos, que busca contrarrestar el avance de China en el Pacifico”.

Ecuador, país con cinco mil 271 kilómetros de costa en el Océano Pacífico, tiene una enorme riqueza pesquera, es productor de petróleo y 43% de su territorio está conformado por la selva amazónica, una extensa región que concentra recursos mineros y acuíferos.

China es el segundo socio comercial de Ecuador y el destino de 21% de sus exportaciones, pero para otras naciones de la región, como Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Venezuela el país asiático es el primer socio comercial. 

A lo largo de este siglo, China ha invertido 172 mil millones de dólares en América Latina, según el Monitor OFDI de China en Latinoamérica, y ha otorgado a la región créditos por 138 mil millones de dólares para desarrollar obras de infraestructura y explotación energética.

“El principal interés de Estados Unidos en Ecuador no es el narcotráfico ni las drogas ni combatir a las bandas criminales, sino hacerle contrapeso a China”, dice Ciro.

La directora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana AlaOrillaDelRío señala que la política antidrogas que impulsa Estados Unidos fuera de sus fronteras –porque al interior el uso recreativo de la marihuana es legal en 23 estados– es una estrategia “de intervención”. 

“Nos pueden echar el cuento de que quieren acabar con el narcotráfico, que hay que acabar con estos cárteles y que hay que bajar las tasas de homicidio, pero detrás de todo ese relato siempre hay una política de intervención, como lo muestra el caso de Colombia en la guerra contra las FARC”, asegura.

La ofensiva que desató contra esa guerra en la primera década de este siglo el entonces presidente Álvaro Uribe –en el contexto del Plan Colombia– contó con la participación activa de militares estadunidenses y en 2009 el mandatario firmó un acuerdo con Washington para la instalación de siete bases militares en este país, lo que quedó sin efecto pues fue rechazado por la Corte Constitucional.  

“Lo que está pasando en Ecuador lo leo de la misma manera –advierte Ciro–, nos van a decir que van a atacar a los narcos porque son ‘actores armados’, pero es la misma política de intervención que apunta a un reposicionamiento estratégico de Estados Unidos y a la vigilancia de la frontera con Colombia, donde los departamentos de Nariño y Putumayo son grandes productores de coca”.

El Plan Colombia fue convertido por Uribe y el gobierno estadunidense en una estrategia contrainsurgente que logró diezmar a las FARC, pero que falló en su objetivo de combatir la producción y el tráfico de drogas en este país, que hoy exporta más cocaína que en 2002, cuando se implementó el programa.      

Recuerdos de la Iniciativa Mérida

Estefanía Ciro, que ha sido maestra en la Universidad de los Andes en Colombia y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México, recuerda que en 2009 la entonces secretaria de Estado estadunidense, Hillary Clinton, equiparó a los cárteles mexicanos de la droga con una insurgencia tipo FARC, lo que buscaba llevar la Iniciativa Mérida a un nivel similar al Plan Colombia, pero el gobierno de Felipe Calderón rechazó esa categorización. 

“Yo lo que veo ahora con Ecuador, donde la situación es grave, pero hay muchas dudas sobre si alcanza la condición de conflicto armado interno, es que hay un interés de construir una narrativa de Estado fallido que necesita ser intervenido, y tiene muchos años que el Comando Sur tiene entre sus prioridades a la Amazonia y a Ecuador”, afirma Ciro.

El año pasado, por ejemplo, el anterior gobierno ecuatoriano firmó con Estados Unidos un “memorando de entendimiento” con el propósito de “fortalecer capacidades del sector de defensa” en la Amazonia ecuatoriana. 

El acuerdo se selló con la presencia de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, aunque las partes señaron que el convenio sería ejecutado por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), lo que a la izquierda ecuatoriana le pareció una extraña mezcla de asuntos militares y medioambientales. 

Sobre todo, cuando el acuerdo, suscrito en Washington el 19 de julio de 2023, ya incluía “intercambio de información para combatir a los grupos armados y al narcotráfico, el fortalecimiento de capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, el entrenamiento y la capacitación del personal militar de las dos naciones y la adquisición de recursos para potenciar la defensa de las fronteras y combatir al narcotráfico y sus delitos asociados”.

Pero el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, urgió hace unos días al gobierno de Ecuador a enfrentar de manera “proporcional y limitada” la ola de violencia criminal y pidió que las Fuerzas Armadas actúen subordinadas a un mando civil, lo que no será así porque los decretos de Noboa les otorgan el mando operativo a los militares por sobre la policía. 

“Las facultades otorgadas a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública deben ser excepcionales, limitadas en el tiempo y subordinadas a las autoridades civiles, ante quienes deben rendir cuentas”, aseguró Türk.