QUITO (AP) — El organismo que controla las prisiones en Ecuador confirmó el sábado la muerte de un agente penitenciario y la liberación de decenas de servidores que permanecían retenidos por parte de grupos criminales, a los que el gobierno responsabiliza de la secuencia de ataques violentos que azotan el país desde el lunes. Aún se desconoce la situación de 136 funcionarios que siguen al interior de las prisiones.

La muerte del agente ocurrió la madrugada del sábado a raíz de un "enfrentamiento armado" entre miembros de la fuerza pública y reclusos del centro de detención en la ciudad costera de Machala, al sur del país, informó en un comunicado el Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Adultas Privadas (SNAI), organismo oficial a cargo del sistema penitenciario. No precisó las circunstancias en que se produjo el tiroteo.

La institución, que ha mantenido el hermetismo y se ha limitado a informar sobre la evolución de las cifras, indicó que otro custodio está herido en el mismo reclusorio y reportó incidentes en otras prisiones.

Según el SNAI, a nivel nacional 136 servidores penitenciarios se mantienen retenidos y, hasta el momento, 41 han sido liberados. De éstos, 13 salieron de la prisión de Esmeraldas luego de un proceso de diálogo en el que intervino la iglesia católica, confirmó a la prensa el coronel Norman Cano, comandante policial de esa localidad.

A poco de cumplirse una semana, la entidad gubernamental no ha dado detalles sobre el estado de salud o condición en que se encuentran decenas de custodios y de personal administrativo al interior de esos centros penitenciarios.

“Preocupado y con impotencia”, dijo sentirse Carlos Ordóñez, vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, en declaraciones a The Associated Press. "Han pasado varios días y no sabemos qué está pasando con nuestros compañeros”, lamentó.

Ordóñez se queja que el SNAI no les entrega información oficial sobre el estado en que se encuentran los retenidos y sobre lo que se supone están haciendo para liberarlos.

“No sé por qué no ingresan para resguardar sus vidas”, se pregunta, y asegura que si contaran con las herramientas “no hubiésemos dejado pasar tanto tiempo”.

Las familias están apostadas afuera de los centros sin saber si están vivos o heridos. Es un abandono, un atropello”, subrayó.

El país cuenta con 2.800 agentes de seguridad penitenciaria que vigilan a una población de más de 30.000 presos.

La incertidumbre se acrecienta con la circulación de varios videos en que se observa a los guardias arrodillados, esposados o incluso amenazados con cuchillos por los reclusos, que los obligan a leer un mensaje exigiendo al gobierno que no traslade a los presos a otros centros porque atentarán contra sus vidas.

El presidente Daniel Noboa, en una reciente entrevista en radio Canela, enfatizó que su gobierno no cederá ante las presiones de grupos que desde las prisiones intentan presionarlo.

“Ellos mismos difunden imágenes para aterrorizar a la ciudadanía y para ver si pueden doblegar al presidente de la República, cosa que no va a suceder”, sostuvo. “Estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar a todos los rehenes”.

“Es difícil, es duro y me solidarizo con las familias, (pero) estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, recalcó.

Lo ratificó días atrás el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, al asegurar que “el SNAI tiene que hacer su trabajo para que pueda seguir liberando a los rehenes”, pero descartó una negociación por parte de los militares. “Aún persisten ciertos grupos que quieren ejercer presión a la que nosotros no vamos a ceder”, puntualizó.

Ante la situación, el gremio de servidores presentó una “acción constitucional de protección” exigiendo que el SNAI, brinde las garantías para proteger la integridad física, psicológica y sexual de los funcionarios retenidos, dijo a la AP el abogado Diego Pozo. También se solicitaron medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó.

“Ellos fueron retenidos en sus propios lugares de trabajo y la máxima autoridad no han dicho nada ni hecho nada”, reclamó el jurista.

Entretanto, el sábado continuaban los patrullajes y operativos de la fuerza pública en la capital y otras ciudades del país declarado en estado de excepción desde el lunes por una serie de ataques violentos sin precedentes.

La policía informó en su cuenta de la red social X que recapturó a dos reclusos de seis que “se habrían fugado” la noche del viernes de la Penitenciaría del Litoral, una de las más peligrosas del país.

La ola violenta escaló con la desaparición del narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, de una cárcel de Guayaquil, el domingo pasado. Según las autoridades, Macías lidera a Los Choneros, una de las bandas más peligrosas vinculada al cártel mexicano de Sinaloa que controla el tráfico de drogas en la ruta del Pacífico y a la que se le adjudican todo tipo de delitos.

Amotinamientos, secuestros, coches bomba, incendios y hasta la toma de un canal de televisión se produjeron en los últimos seis días. El gobierno declaró entonces un “conflicto armado interno” y calificó a una veintena de agrupaciones criminales como “terroristas”, convirtiéndolas en “objetivo militar”.

El último balance oficial del estado de excepción registra 1.105 personas detenidas, de ellas 94 por “terrorismo”, y cinco delincuentes calificados como “terroristas” abatidos. No se ha detallado si estas muertes son parte de los 14 fallecidos reportados en Guayaquil. Además se han desarticulado 28 grupos criminales, agregó el reporte.

La AP ha solicitado a la policía un balance de la cifra de muertes, pero no ha recibido respuesta.

Además, se registran 21 atentados contra infraestructura pública y privada y el decomiso de 413 armas de fuego, 224 armas blancas, 338 explosivos, más de 8.700 municiones y 1.487 dólares, en la ejecución de unos 10.478 operativos.